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Por Jorge Medellin/@JorgeMedellin95 /EstadoMayor.mx
La Fiscalía General de Justicia Militar (FGJM) investiga a un grupo de 24 militares que formaban parte de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) que la noche del pasado 3 de julio, repelió un ataque de sicarios del Cártel del Noreste (CDN) y terminaron por ejecutar a un civil herido que aparentemente no era parte del grupo agresor.
El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (SEDENA) informó lo anterior y dijo que en caso de encontrar que se cometió un delito como el señalado y revelado por el periódico El Universal, se le dará parte a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda conforme a la ley.
En la conferencia mañanera del miércoles, el general secretario abordó el tema y explicó que “toda la base está integrada por 24 elementos, que son los que están involucrados en el desarrollo de esa actividad; en esa agresión que tuvimos por parte de la delincuencia, ellos fueron los que respondieron, y en esos casos nuevamente la fiscalía, la investigación la hace completa a todo el personal que esté involucrado, para poder identificar perfectamente cuál fue la situación y si (hubo) exceso”.
El general Sandoval detalló que la Fiscalía General de Justicia Militar, desde la fecha en que se llevó a cabo este evento en Nuevo Laredo, inició una investigación.
“Con lo que resultó del video que hace unos días salió a luz, ya la fiscalía general envió personal de la Policía Ministerial Militar a continuar con las investigaciones que van a estar centradas en lo que se observa en el video.
“Ya en su momento la fiscalía nos hará del conocimiento cuáles fueron los resultados de las investigaciones y si en algún momento tiene que derivarlo hacia la parte civil, a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Militar lo hará a través de los conductos para derivarlo y que siga la investigación.
“Al estar involucrado un civil dentro de la actividad militar, no lo juzga la jurisdicción militar, lo tendrá que juzgar la parte federal, explicó.
La noche del 3 de julio murieron 12 civiles durante el enfrentamiento con los militares. Tres de ellos no pertenecían al grupo agresor. Arturo Rubén Garza, Damián Genovés Tercero y Ángel Agustín Núñez Reyna, los tres secuestrados, tenían un mes de haber llegado a vivir a Nuevo Laredo. Uno venía de Chiapas, otro era estudiante universitario y uno más trabajaba en un taller mecánico.
Su desaparición fue reportada una semana antes por sus familiares, quienes acabaron reconociendo a uno de ellos en forense. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (ONU-DH) interviene en el caso a petición del presidente Obrador para esclarecer los hechos y determinar qué sucedió, no para buscar culpables, señalaron fuentes del gobierno mexicano.
