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Por Jorge Medellin/@JorgeMedellin95 /EstadoMayor.mx
La Fiscalía General de Justicia Militar (FGJM) investiga a un grupo de 24 militares que formaban parte de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) que la noche del pasado 3 de julio, repelió un ataque de sicarios del Cártel del Noreste (CDN) y terminaron por ejecutar a un civil herido que aparentemente no era parte del grupo agresor.
El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (SEDENA) informó lo anterior y dijo que en caso de encontrar que se cometió un delito como el señalado y revelado por el periódico El Universal, se le dará parte a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda conforme a la ley.
En la conferencia mañanera del miércoles, el general secretario abordó el tema y explicó que “toda la base está integrada por 24 elementos, que son los que están involucrados en el desarrollo de esa actividad; en esa agresión que tuvimos por parte de la delincuencia, ellos fueron los que respondieron, y en esos casos nuevamente la fiscalía, la investigación la hace completa a todo el personal que esté involucrado, para poder identificar perfectamente cuál fue la situación y si (hubo) exceso”.
El general Sandoval detalló que la Fiscalía General de Justicia Militar, desde la fecha en que se llevó a cabo este evento en Nuevo Laredo, inició una investigación.
“Con lo que resultó del video que hace unos días salió a luz, ya la fiscalía general envió personal de la Policía Ministerial Militar a continuar con las investigaciones que van a estar centradas en lo que se observa en el video.
“Ya en su momento la fiscalía nos hará del conocimiento cuáles fueron los resultados de las investigaciones y si en algún momento tiene que derivarlo hacia la parte civil, a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Militar lo hará a través de los conductos para derivarlo y que siga la investigación.
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“Al estar involucrado un civil dentro de la actividad militar, no lo juzga la jurisdicción militar, lo tendrá que juzgar la parte federal, explicó.
La noche del 3 de julio murieron 12 civiles durante el enfrentamiento con los militares. Tres de ellos no pertenecían al grupo agresor. Arturo Rubén Garza, Damián Genovés Tercero y Ángel Agustín Núñez Reyna, los tres secuestrados, tenían un mes de haber llegado a vivir a Nuevo Laredo. Uno venía de Chiapas, otro era estudiante universitario y uno más trabajaba en un taller mecánico.
Su desaparición fue reportada una semana antes por sus familiares, quienes acabaron reconociendo a uno de ellos en forense. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (ONU-DH) interviene en el caso a petición del presidente Obrador para esclarecer los hechos y determinar qué sucedió, no para buscar culpables, señalaron fuentes del gobierno mexicano.