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TIZAYUCA DEVASTADA Y SECUESTRADA POR LA FAMILIA “POLÍTICA” DE LA ALCALDESA

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*  El cobarde asesinato de la niña Nicole, de tan solo siete años, fue el detonante de la ira social que en ese municipio viene exigiendo desde marzo pasado, la renuncia de Susana Ángeles Quezada, ligada en nexos de familia con el ex líder del PRD, ex priísta y ex senador, José Guadarrama Márquez, quien proyectó su llegada a la diputación local, para más tarde, lanzarla a la alcaldía, no con el propósito de servir a la ciudadanía sino de montar una red de negocios inmobiliarios con notario público incluido

Por Antonio Ortigoza Vázquez/@ortigoza2010

Especial de Expediente Ultra

La terrible tragedia que sufre la familia de la niña Nicole, de siete años, desaparecida y asesinada en marzo pasado, fue el detonante para entender qué pasa en Tizayuca, para llegar a tales extremos de inseguridad donde a plena luz del día una menor puede ser sustraída sin que nadie, ni la policía municipal mueva un dedo para iniciar su búsqueda.

La incapacidad y corrupción de los elementos policiales en este municipio ha terminado por poner al descubierto la esencia de un grupo familiar de políticos que maniobraron para colocar a la alcaldesa, Susana Ángeles Quezada, como una pieza más en un entramado mafioso que mantiene “secuestrado” este municipio hidalguense.

El caso de la niña puso en evidencia a una administración municipal proyectada para usar el poder como un negocio privado, pero nunca para proteger a los ciudadanos. La gente vive con temor e indignada mientras un grupo político con fuertes intereses en bienes raíces y la cobertura legal del Notario Público Número 4, Gabriel Navarrete y tío, precisamente, de la presidenta municipal, cierra la pinza de los agravios sociales.

El martes dos de marzo la familia de la niña Nicole denunció la desaparición de la menor, posiblemente secuestrada por un desconocido. El día cinco, ante el ostensible desdén de las autoridades municipales ante la tragedia, un nutrido grupo de vecinos de Tizayuca bloquearon la carretera México-Pachuca, como medida de presión.

En consecuencia, intervino la Procuraduría estatal, los funcionarios dialogaron con los iracundos vecinos y familiares de la niña y lograron liberar, finalmente, la carretera. Con la intervención directa del gobierno estatal se intensificaron las pesquisas de grupos de la policía estatal y de la división de investigaciones, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, cuerpo de bomberos, con drones y buzos.

Por desgracia, la niña no pudo ser localizada con vida. Fue asesinada. Los iracundos habitantes bloquearon nuevamente la carretera y procedieron a exigir la renuncia o destitución por el Congreso de la alcaldesa Susana Ángeles Quezada, de Morena.

Razones no les faltan porque en Tizayuca parece que la delincuencia es un poder paralelo al devastado gobierno municipal.

MORENA, DE GUADARRA A LA “SOSA NOSTRA”

Lo que los habitantes de Tizayuca no sabían entonces era qué clase de grupo de políticos mafiosos de colmillo tan largo se habían apoderado del municipio, con la alcaldesa Susana Ángeles Quezada como una pieza de la familia -en sentido figurado y real- respaldada por intereses de políticos de negro historial, como José Guadarrama (más conocido en el viejo PRI como «Guadarrata») y nada menos que la banda universitaria, la «Sosa Nostra», encabezada por el cacique Gerardo Sosa Castelán, encarcelado por lavado de dinero en Almoloya, con narcos y secuestradores.

Y si los indignados tizayuquenses creen que podrán lograr la defenestración de la munícipe morenista, conviene ilustrarlos acerca de los tentáculos de poder de que dispone esa oscura organización, porque doña Susana tiene en su historial un triunfo, nada menos, que ante el Poder Judicial de la Federación, cuando pasó por encima, tan campante, de una resolución de Juez de Distrito cuando fue diputada local a principios de 2020.

Sucedió que Susana, como diputada local por Morena, presidía la Primera Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción (¡Nada menos!) y como tal, tuvo a su cargo la selección de prospectos para Consejeros Propietarios y Suplentes del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAHI).

Pero, precisamente el día en que esos consejeros tomarían posesión de los cargos, la diputada Ángeles Quezada fue notificada por el Juez Segundo de Distrito, Oscar Gregorio Herrera, la suspensión definitiva por acto reclamado contra el proceso de selección, con la advertencia de que se podría continuar con el procedimiento, pero no la designación de los cinco comisionados.

Pero la diputada, alegremente, incurrió en desacato y ejecutó las designaciones. Previamente, no informó y sí presentó ante el pleno el dictamen de las designaciones. El Juez envió enérgico requerimiento para que «en 24 horas», la diputada cumpliera con la suspensión y rectificara en cuanto a las designaciones de comisionados, so pena de turnar denuncia al Ministerio Público.

El caso fue que Ricardo Baptista, en ese momento coordinador de la banca de Morena en el Congreso local, consideró la actuación de la diputada como «sumamente grave» por lo que estimó necesario se reúna la Junta de Gobierno del Congreso.

Peor aún: la diputada respondió al juez en papelería de la Legislatura, lo que en vías de hecho, involucraba en el desaguisado a los 30 diputados de todos los partidos.

Corina Martínez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, señaló que la diputada Ángeles Quezada conoció en todo momento el mandato judicial para la suspensión, pero omitió informar al respecto y prosiguió con el proceso de votación en el pleno.

Pero el asunto paró ahí y el juez se quedó con un palmo de narices.

UNA MAFIA BIEN CONECTADA

Se trata de un grupo de políticos de vieja raigambre, como el veterano cacique hidalguense José Guadarrama Márquez, quien en connivencia con el Notario Público Gabriel Navarrete manejaron un bien montado plan ranchero, con largo aliento, desde el manejo de la precandidatura de Susana para el Congreso local, con un diseño general anticipado en pos de la alcaldía de Tizayuca.

Todo, con miras al manejo de negocios inmobiliarios al amparo del protocolo de la Notaría de Navarrete, poco imaginativo, pero eficaz.

Del señor notario, se sabe que en 1984 renunció a su candidatura a la alcaldía de Tizayuca debido al «secuestro de su hija», incidente del que hubo muchos hechos oscuros.

Lo que se manejó entonces en corrillos políticos fue que «negoció» la Notaría a cambio de la candidatura, además de otros negocios, como concesiones para taxis.

Después de dos matrimonios previos, Navarrete se casó con una hermana de Guadarrama, amarrando así un pacto político-familiar.

En la mafia se encuentran involucrados, además, Arturo Sánchez Jiménez, del Grupo Industrial Madero; Teódulo González y, obviamente, también el ex marido de Susana, Jorge Martínez Ángeles, delegado distrital de Bienestar en esa región, junto con Angélica Quezada, una de los prestanombres de Gabriel Navarrete.

En otras palabras: En Tizayuca, como en muchos otros lugares del país, Morena se ha nutrido de los desechos pestilentes del peor PRI que se haya conocido jamás.

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