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Una de las consecuencias que ya está generando la cruenta e injustificada agresión rusa en contra de Ucrania es una crisis de disponibilidad y precios de alimentos en distintas regiones del mundo.
El conversatorio sobre el hambre
Se ha hablado desde el principio de la invasión al territorio ucranio de las cuestiones relativas al gas y el petróleo ruso; pero otro de los temas que están en juego es la producción, adecuado almacenaje, procesamiento y distribución, sobre todo de cereales: maíz y trigo, predominantemente.
Ante este complejo panorama el “17, Instituto de Estudios Críticos”, organizó un conversatorio sobre el hambre, coordinado por Conrado Tostado, en el que participaron Martín Caparrós, Eleonora Croquer Pedrón, Mariclaire Acosta, Pablo Yanes, Rodrigo Galindo, Blanca Cárdenas, Valeria Mata, Natalia Palacios, y Phillipe Olle-Laprun.
La conversación giró en torno a diferentes aristas relacionadas con la conflictividad social, la economía, pero, sobre todo, se hizo un especial énfasis en la “política del hambre”; es decir, si hay escasez de alimentos no es solo por una cuestión exclusivamente económica, sino por las desigualdades y oportunidades de acceso a las estructuras del poder.
La situación en México
¿Qué pasa en México? Regularmente hay una reticencia a hablar de hambre en México. Se argumenta que no hay niveles de hambruna como los registrados en varios países del continente africano en el siglo pasado. Sin embargo, es de una importancia mayor preguntarnos no sólo la magnitud de la pobreza y el hambre, sino, sobre todo, ¿cuáles son los determinantes del acceso a los alimentos?, y más todavía, ¿cuál es el nivel de incumplimiento de los derechos a la alimentación y a la seguridad alimentaria?
Hay dos datos que permiten dimensionar la tragedia que se vive en México. El primero de ellos, proveniente del Censo de Población y Vivienda, 2020, relativo a casi un millón de hogares donde hay niñas y niños, y donde alguna o alguno de ellos no comió todo el día comió una sola vez en el día. El segundo, registrado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2021), relativo a que prácticamente 70% de la población adulta tiene obesidad o sobrepeso; y que uno de cada tres niñas y niños en edad escolar enfrenta la misma situación.
Obesidad y hambre son dos rostros del mismo fenómeno: la malnutrición asociada a la pobreza y a las desigualdades que persisten en el país. Y es que la obesidad, debe decirse, no es resultado de la disponibilidad abundante de los alimentos, sino por el contrario, al hecho de que la población en condiciones de pobreza normalmente tiene acceso sólo a productos alimenticios de mala calidad nutricional, por lo que no tienen más opción que plegarse a una dieta de carbohidratos y alimentos híper calóricos y con alto contenido de sodio.
Temas a debatir
Desde varias teorías de la justicia se ha planteado que el acceso a bienes primarios, de los cuales depende no sólo la vida biológica, sino habría que entenderlos antes bien, como aquellos que permiten garantizar la dignidad humana, no deberían estar sujetos a las lógicas del mercado capitalista. Por el contrario, ese tipo de bienes deberían estar protegidos en lo que autores como Walzer plantean como “esferas de justicia”.
Se trataría, por ejemplo, de tres bienes de los cuales depende radicalmente la vida, la salud y el acceso a capacidades y oportunidades de desarrollo digno: la educación, la salud y la alimentación; ámbitos en los cuales diversos programas públicos han tratado de incidir, pero cuyos resultados han sido poco menos que limitados, dada la estructura vigente de economía desigual y de acceso inequitativo a espacios de representación, justicia social y decisión política.
Estas esferas no deberían depender de que la gente tenga dinero o no para adquirirlas, sino que los Estados deberían ser capaces de garantizarlas por sobre todas las cosas. Así, dadas las capacidades de generación de riqueza, de desarrollo científico y tecnológico y de producción agrícola de que dispone la humanidad en nuestros días, es posible imaginar, sin mucho esfuerzo, por cierto, sociedades con acceso universal y gratuito a la salud, a la educación y a alimentos sanos e inocuos.
La posibilidad de un país con dignidad y bienestar para todas y todos depende, entre otras cuestiones, de la garantía de esos bienes primarios; que debe decirse además de forma enfática, son condición necesaria, pero no suficiente para plantear una sociedad de derechos humanos, igualdad y justicia.
Si lo anterior es correcto, o está en la ruta de un planteamiento correcto, entonces es posible exigirle a las y los precandidatos a la presidencia de la República que contenderán en el 2024, cuáles son sus propuestas para garantizarnos estas esferas de justicia a todas y todos. ¿Cuáles serán sus estrategias y programas en la materia, y cuáles serán las metas que proponen alcanzar durante su mandato, a fin de encaminar al país en ese sentido y lograr coberturas y accesos universales en un plazo máximo de 12 años?
Se requiere de mucha más imaginación y de mucho más capacidad de diseño de gobierno; más decisión para una nueva gobernanza en los ámbitos de la salud, la educación y la alimentación; y ante todo, sacar al país de la trampa ideológica en que nos ha metido el presente gobierno, que ha paralizado la posibilidad de nuevos consensos sociales para la erradicación del hambre, la pobreza, la superación del rezago educativo y la protección ante la enfermedad y la muerte evitable.
Investigador del PUED-UNAM
