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Julio Soto reprime a usuarios
Por Tania Ortigoza Vázquez / Enviada / Fotos Especiales y Expediente Ultra
TULANCINGO. Hgo.- Acompañado por Ricardo Luqueño, Secretario de la A.C que dirige, David Castelán narra a EXPEDIENTE ULTRA, la manera en que ha sido perseguido por las autoridades municipales luego de que diera a conocer irregularidades en el cobro del servicio de agua y alcantarillado en colonias de pobreza marginal. “Es un opresor, pero no le tengo miedo”, de esta manera David Castelán Olvera, un mecánico automotriz de 52 años, ex delegado de la Colonia Paraíso Centro de este municipio, y actual dirigente de la Asociación Civil Frente Común Ciudadano del Valle de Tulancingo, califica al alcalde panista, Julio César Soto Márquez, quien ha encontrado en el ilegitimo aumento a las tarifas de agua una mina de oro a costa de expoliar a los que menos tienen.
“En promedio, hay unos 40 mil usuarios en Tulancingo que están pagando tarifas que exceden el costo establecido en el Diario Oficial, además los recibos no están desglosados. El servicio es deficiente y se cobran servicios de alcantarillado a colonias que ni si quiera cuentan con él. La tarifa que se nos cobra es ‘diaria’, aun cuando el servicio es ‘tandeado’. Los contratos de agua son carísimos, el diario indica que no deben exceder los cuatro mil pesos, y tenemos contratos que han costado el doble, más de ocho mil pesos…”, explican los entrevistados.
“Yo actué como delegado de mi colonia, los vecinos exigían que se aclarara la situación”, asegura Castelán quien, junto con 250 vecinos de la colonias inconformes se manifestaron pacíficamente el 2 de junio de 2014 en el pozo de agua “La Rayuela”, localizado en el Ejido Paraíso Sur.
“Nosotros llegamos al pozo alrededor de las ocho y media de la mañana, hablamos con los trabajadores del pozo y les pedimos que por favor les avisaran a sus superiores de nuestra presencia, que estábamos manifestándonos”, narra Castelán Olvera al asegurar que trataron de llamar la atención de Arturo Ruíz Islas, representante de la Comisión del Agua en Tulancingo y del edil Julio Soto, para que asistieran al lugar y pudieran rendir cuentas sobre los cobros excesivos de sus recibos.
Luego de esperar varias horas, los manifestantes, junto al líder David Castelán, deciden llevar comida al lugar: “incluso ya era un convivio, les invitamos de nuestra comida a los trabajadores del pozo, aquello era pacífico”, asegura el entonces delegado vecinal.
Para las tres y media de la tarde, se empezó a notar movimiento de elementos de Seguridad Pública Municipal en el lugar de los acontecimientos. Ni julio Soto ni Arturo Ruíz Islas habían acudido al llamado ciudadano. En su lugar, habrían de llegar múltiples unidades de fuerzas policíacas y de fuerza de tarea para reprimir a los manifestantes.
“Incluso llegaron en ambulancias
sí, había policías bajando de ambulancias. Seguramente para despistarnos. Me golpearon, me insultaron, me amenazaron, me aprehendieron y me llevaron a los separos. Luego de un rato, y junto a otros compañeros que también habían sido aprehendidos y golpeados, nos subieron en una camioneta blanca, salimos del lugar
yo creí que nos iban a ejecutar, pero no, nos llevaron a un lugar abandonado, donde antes era la barandilla y ahí nos tuvieron como tres horas
llega un señor que se llama Enrique 
López, que es el jurídico de Seguridad Pública del Municipio y nos quiere hacer firmar un papel para dejarnos ir, los firmamos y luego, sin cumplir su palabra, nos llevan al Ministerio Público donde me entero que se me acusaba del delito de secuestro y disturbios públicos”, narra como viviera de nuevo esa pesadilla, David Castelán.
El dirigente social permanece detenido hasta el día 6 de junio del año pasado. Es liberado luego de pagar una fianza de cinco mil pesos que, originalmente, se había fijado en 80 mil pesos, pero luego de negociaciones y de órdenes directas de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, la fianza se redujo drásticamente.
Para el mes de noviembre los hostigamientos en contra del señor Castelán Olvera se hicieron evidentes. “Pasaban constantemente por mi taller, tomaban fotos y me vigilaban. Eran patrullas y policías municipales”, asegura Castelán quien fuera salvajemente agredido el mes de noviembre de 2014, cinco meses después de su detención.
El agraviado explica: “un hombre encapuchado me golpeó fuertemente, me tiró los dientes y me amenazó en repetidas ocasiones”, luego los vecinos lo auxiliaron y el hombre encapuchado huyó corriendo, no sin antes decirle “que se lo iba a cargar la chingada” (sic).
Pero lejos de amedrentarse y a un año de su detención, Castelán conforma el Frente Común Ciudadano del Valle de Tulancingo, una Asociación Civil que en palabras del líder, “tiene por objeto abrirles los ojos a los vecinos, para que no abusen de ellos, para que no se dejen”.
Por su parte, Ricardo Luqueño, Secretario del Frente Común Ciudadano del Valle de Tulancingo, señala que los mandaron llamar: “se burlaron de nosotros, nos recibió Felipe García Quiroz, quien es el Secretario Municipal y el presidente de la Feria del Municipio y en vista de que estábamos ya constituidos legalmente, nos dijo en tono burlón, mientras sostenía de cabeza nuestra acta constitutiva: ´ahora sí existen, ya pueden pedirle a los Reyes Magos´ desde ese día nosotros le decimos el ‘Rey Mago’ (ríe)”.
Esta A.C ha rendido sus primeros frutos: Petronila Templos González presenta una queja frente a la Procuraduría Federal del Consumidor, delegación Hidalgo, en contra de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo.
En el expediente PFC.HGO.B.3/001073-2015, que expide la PROFECO, queda asentado el fallo a favor de la consumidora y obliga a la comisión de agua de Tulancingo a pagar una diferencia de 400 pesos por el excedente en el cobro y gastos del servicio de agua y alcantarillado.
“El municipio está en graves problemas, pues como Asociación Civil estamos exhortando a todos los vecinos, que son como 40 mil consumidores, a que vayan a PROFECO para exigir que se les devuelva el excedente que pagaron. Porque no es justo, para un rico 200 pesos no son nada, pero para nosotros son nuestra tortilla y sal del día”, asegura Castelán Olvera.
Y en efecto, los líderes sociales tienen razón porque de manera conservadora, el cobro ilegítimo aplicado a los usuarios de agua en Tulancingo, asciende a ocho millones de pesos anuales, mismos que una vez que se generalice el reclamo social deberán rembolsarse a la gente de escasos recursos. Y ni de dónde sacar tantos elementos de seguridad para reprimir y mandar golpear a 40 mil habitantes, como sucedió con Castelán Olvera, quien ha demostrado al alcalde panista represor, Soto Márquez, lo que vale la dignidad de un ciudadano común, cuando de defender las causas justas se trata.
