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Nos pasó con la democracia.
Después de las conquistas logradas entre 1988 y 1996, la sociedad se durmió en sus laureles. Pensó –pensamos– que el trabajo estaba concluido y que esa mata frondosa que había florecido después de arar tantos años no necesitaba ser regada y podada. Y ahora lamentamos la posibilidad de una regresión a los tiempos en que la Secretaría de Gobernación se encargaba de organizar las elecciones.
Pero no menos grave es lo que sucede con la libertad de expresión.
Imaginamos que una vez superadas las prácticas de censurar, dictar línea y controlar la información desde el gobierno –sobre las que se formó el régimen autoritario que comenzó a extinguirse hace un cuarto de siglo–, nunca tendríamos que volver a padecer limitaciones a nuestra libertad de opinar y nuestro derecho de saber.
Lamentablemente, hoy vemos cómo se ciernen amenazas sobre eso que dábamos por sentado.
Esta semana hemos conocido varias de ellas:
*Los gritos e insultos con los que simpatizantes del oficialismo buscaron amedrentar a los participantes de la Caminata por la Paz y la Justicia, a su arribo al Zócalo. Eso fue algo no visto desde las épocas del autoritarismo. En 1982, esa plaza se abrió a la oposición y desde entonces había sido un lugar donde todas las opiniones tenían cabida.
*La posibilidad de que la voz del Presidente se consolide como la única, aquella que con su estruendo apaga todas las demás. Uniformismo por saturación. Si las conferencias del Ejecutivo se van a extender a los fines de semana, ¿a qué hora va escuchar y dejar que se escuchen otras opiniones, sobre todo aquellas que no coinciden con la suya?
*Ataques contra comunicadores en la propia mañanera. Esta semana, varios colegas fueron señalados por esos reporteros de paja que asisten a las conferencias para elogiar al Presidente o hacerle preguntas a modo; preguntas que el mandatario aprovechó para tundir a Ciro Gómez Leyva y Héctor de Mauleón, entre otros periodistas.
*La sentencia judicial que obliga al catedrático y articulista Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos, por supuesto daño moral, al exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira, un personaje que –más allá de su trayectoria– tendría que estar sujeto legalmente, como todos los políticos, a criterios de fama pública distintos que el ciudadano común.
Por todos los flancos acechan peligros y aparecen presiones contra la libertad de expresión.
Entre ellos hay viejos conocidos, como las amenazas de daño físico proferidas por grupos de interés –abiertamente criminales, algunos–, que ven afectadas sus ganancias por la difusión de datos públicamente relevantes. Otros son fenómenos nuevos, como la manipulación de las redes sociales o el uso de grupos de choque o la saturación del escenario informativo con cifras piratas o de dudosa procedencia.
De una manera o de otra, todos ellos buscan inhibir la labor informativa y la libre expresión. Quien crea que eso no lo toca, está cometiendo un error.
BUSCAPIÉS
Hoy se cumple la quinta parte del periodo presidencial. Cuando usted esté leyendo estas líneas, se acabará de dar a conocer el dato adelantado de la expansión de la economía en 2019, el primer año completo del gobierno. En previsión del anuncio por parte del Inegi –que muchos analistas pronosticaban que sería negativo–, el presidente López Obrador convocó a su gabinete ampliado a fin de dar a conocer una estrategia para atraer inversiones y promover el crecimiento. Tiene sentido, pues, ya se vio, no hay desarrollo posible sin creación de riqueza. El tiempo en que todavía era creíble culpar exclusivamente al pasado de los malos resultados ya se terminó. Queda 80% del periodo por delante.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/libertad-amenazada/1361233
