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* Líderes de diversas agrupaciones se unen para exigir que en la nueva Constitución de la Ciudad de México queden plasmados sus derechos humanos y laborales; solicitan además se expida una ley que regule el comercio en la vía pública y evite la privatización de los espacios
Por Ignacio León Montesinos
Especial de Expediente Ultra
Líderes de organizaciones de comerciantes ambulantes, agrupados en una causa común, dieron inicio a su movimiento denominado Foro Nuevo Pacto Social al pronunciarse para que la Constitución de la Ciudad de México sea incluyente y reconozca a los comerciantes en vía pública como trabajadores con derechos humanos y laborales, lo mismo que a los locatarios de los mercados y plazas públicas, fijando reglas claras para la designación y regulación de espacios, evitando su creciente privatización en favor de empresas trasnacionales.
Entre los convocantes del nuevo referente social se encuentran: Pascual de Jesús González, de la Agrupación Nacional de Triquis; Maria Rosete, del Frente Metropolitano de Organizaciones Populares (FREMOP); Mario García Ramírez, del Fideicomiso Centro Comercial TAPO, Ignacio Contreras de MOGUM y Edgar Álvarez, de la Confederación Nacional en Defensa de la Economía Social (CONDES), quienes en conferencia de prensa, exigieron a legisladores y autoridades un debate y diálogo con especialistas para plasmar y reconocer en la próxima Constitución, a la actividad del comercio en la vía pública como parte de la cultura prehispánica, ancestral y pluriétnica de los mexicanos.
En su momento, la dirigente del FREMOP, María Rosete destacó que el encuentro reviste una especial importancia ya que un importante sector del comercio en vía pública ha unido esfuerzos no para pedir, sino para exigir que en la nueva Constitución queden garantizados el respeto a los derechos humanos y la regulación del comercio en vía pública como uno de los temas obligatorios a ser incluidos en la agenda legislativa del Constituyente.
“Se debe concebir a la actividad como una alternativa de empleo que combate la pobreza, abarata los productos y fomenta fuentes de trabajo honrado”, destacó la líder de ambulantes a la vez que pidió a legisladores y autoridades, respetar los acuerdos internacionales firmados por nuestro país como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el reconocimiento a la dignidad humana, los derechos humanos y el acceso a una vida digna. “No puede combatirse la pobreza –resaltó–, a menos que se le dé a cada persona el acceso a gozar de sus derechos económicos, políticos, civiles y sociales; por eso, planteamos que la nueva Constitución debe ser incluyente y plasmar estos derechos”.
Asimismo, los convocantes agregaron que se debe reconocer en la ley general que habrá de regir la convivencia social de la CDMX, la defensa de los espacios públicos en contra de la privatización que se ha venido registrando de los mismos y el desmedido otorgamiento de usos de suelo a cadenas trasnacionales que han desplazado con sus prácticas monopólicas a los mercados públicos.
Señalaron que es el comercio popular el medio a través del cual la población de menores ingresos logra acceder a sistemas de abasto directo en apoyo a su economía familiar. Por ello, subrayaron que la ciudad de México debe ser el referente para socializar todas las modalidades del comercio, pues garantiza fortalecer el tejido social de millones de familias en torno del comercio popular.
Además, anunciaron que entre sus propuestas estará el luchar por una ley de mercados que reconozca los derechos de los comerciantes a heredar sus locales como parte de su patrimonio familiar, pronunciándose en contra de la criminalización de su actividad, así como el despojo de sus espacios como ha sucedido en diversas delegaciones políticas, entre ellas Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, como denunció el líder de MOGUM, Ignacio Contreras.
En el mismo tenor, el dirigente Mario García criticó el que se anuncie un presupuesto de cien millones de pesos para rehabilitar plazas públicas, pues dicha cantidad, dijo, será insuficiente y sólo responde a la estrategia de despojo que han venido empleando las autoridades, como es la pretensión en la Plaza Comercial de San Lázaro, donde los funcionarios de la empresa ADO, han ido “encerrando” a los comerciantes.
