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Escrito por: Alejandro Sahuí / @AlejandroSahui
Entre las cuentas pendientes de la administración de Andres Manuel López Obrador el caso Ayotzinapa está pasándole una de sus mayores facturas en legitimidad. De sus promesas para ganar el voto ciudadano destacaba la diferencia con los gobiernos de la alternancia prianista por su simulación. Más allá de la crítica al modelo económico neoliberal, en relación con el régimen político su llegada confirmaría la auténtica transición democrática del país.
En América Latina la ola democratizadora de los noventas anunció la salida de las dictaduras militares y la instalación de Estados con constituciones redactadas al amparo del consenso internacional en los derechos humanos tras la declaración de 1948.
La contribución de los movimientos sociales latinoamericanos al discurso de los derechos merece ser destacada. No hemos sido receptores pasivos de ideas, sino participantes efectivos en la construcción de este orden mundial al subrayar la dimensión política de los derechos: éstos reflejan la capacidad de las personas de autogobernarse.
La garantía primaria de los derechos civiles contra la arbitrariedad parecía estar servida con la liberalización de los sistemas políticos regionales, elecciones regulares, una esfera pública robusta, pluralidad de partidos y falta de violencia hacia las personas y grupos disidentes.
En este marco las acciones relacionadas con la justicia transicional se ocuparon sobre todo de denunciar daños graves a la integridad de las personas opositoras. Propusieron investigar, sancionar y asegurar la no repetición de violaciones a la dignidad manifiestas en detenciones ilegales, torturas, ejecuciones y desapariciones realizadas por gobiernos, ejércitos o grupos paramilitares.
El relato de la transición democrática de México señala como un parteaguas la represión de Tlatelolco de 1968 que desnudó el rostro autoritario de un sistema que al exterior se mostraba amable con los grupos revolucionarios. Hoy se sabe que su hegemonía no fue solo ideológica, sino que desarrolló una guerra sucia militar contra quienes pretendían disputarla.
Por esta razón desde el año 2000 con la primera alternancia de Vicente Fox se instituyeron fiscalías especiales para conocer las violaciones a derechos del pasado y estar en condiciones de lograr la reconciliación ciudadana: la justicia como un paso necesario de la consolidación democrática. Ni Fox, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto consiguieron avances en esas investigaciones, cuyas líneas se multiplicaron con nuevas violaciones y subsecuentes crisis.
De ahí las altas expectativas que despertó el arribo de López Obrador como activista de la izquierda cercano a los movimientos sociales. Si su oposición se construyó sobre la crítica al autoritarismo y la creciente militarización impuesta para combatir el crimen organizado, con usos eventualmente políticos, es claro que la defensa a ultranza del ejército, su renuencia a transparentar las investigaciones, y el constante enfrentamiento con familiares de las víctimas en este caso juegue fuertemente en su contra.
No se puede argumentar que no es más el Estado el que ejecuta o desaparece personas, sino el narcotráfico. Tampoco se puede regatear el estatuto legítimo de víctimas por una presunta pero nunca investigada ni probada pertenencia a organizaciones criminales. Porque México es de los países más peligrosos del mundo para personas periodistas, defensoras de derechos, del medio ambiente y de comunidades indígenas. Se trata de actores que dan voz a personas y colectivos oprimidos y excluidos; por tanto, su aportación democrática es fundamental.
Estas violencias y el número de candidatos asesinados de la próxima contienda electoral y la renuncia de otros tantos por miedo son señal de una voluntad popular capturada por poderes fácticos ajenos al Estado. Son hechos que no se pueden minimizar. De modo que cabe hablar de una transición trunca, de un régimen político aún de calidad deficiente.
Si el presidente quiere proyectar un legado republicano tiene que demostrar la disposición de llamar a cuentas a los responsables de este crimen de Estado, y no minusvalorar como hasta ahora los datos duros. Debe revisar su estrategia de seguridad fallida, e ir contra su pretensión de trascender su sexenio mediante una reforma constitucional. El gobierno debe permanecer bajo un estricto control civil, del público.
Por nuestra parte debemos darnos a la tarea de discutir sobre el tema y exigir a las candidatas al Ejecutivo Federal sus posiciones respectivas. Como aquí se ha tratado de justificar, es un asunto crucial de salud democrática.
