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CÁRCELES

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Por Pascal Beltrán del Río

Cuando el número promedio de homicidios al día en un país ronda el centenar, diez más o diez menos se vuelven algo anecdótico. Más aún si los hechos ocurren en un centro penitenciario, lugar donde residen las personas más olvidadas.

El martes, en Colima, ocurrió la más reciente de las 27 riñas o motines que han tenido lugar en cárceles desde el comienzo de esta administración federal y que han dejado –de acuerdo con recuentos periodísticos– al menos 73 muertos y 160 heridos.

En Colima fueron nueve los fallecidos. La versión oficial es que se enfrentaron internos afiliados al Cártel Jalisco Nueva Generación y a un grupo delincuencial local conocido como Los Mezcales.

Las autoridades dicen que se usó un arma de fuego en la refriega. ¿Cómo llegó allí? La explicación sorprende: “Por lanzamiento”. Es decir, cualquier persona puede acercarse tanto a los muros de la prisión como para arrojar un objeto hacia el interior, ya sea droga, un teléfono celular o un arma.

Una prisión debiera ser el lugar donde más fácilmente se ejerce la autoridad, pero en la experiencia mexicana los muros carcelarios sirven para delimitar zonas sin ley ni derechos, donde predominan la corrupción o el autogobierno.  

Son 17 los centros de reclusión que han sido escenario de brotes de violencia generalizada de diciembre de 2018 a la fecha, según notas consignadas en medios de comunicación. Algunos han tenido más de una riña, como los de Atlacholoaya, Morelos, con cinco, y Cieneguillas, Zacatecas, con cuatro.

Las otras cárceles con este tipo de hechos son las de Acapulco (Las Cruces), Apodaca, Celaya, Chihuahua, Ciudad Serdán, Colima, Ecatepec (Chiconautla), Huejotzingo, Pachuca, Puebla (San Miguel), Tenango del Valle, Tlalnepantla (Barrientos), Valle de Santiago, Villahermosa y el Reclusorio Oriente de la capital.

Con el crecimiento en el número de internos que se ha dado durante el presente gobierno –de 202 mil 337 a 223 mil 416, entre enero de 2020 y noviembre de 2021, de acuerdo con datos del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social–, se puede prever que los problemas en los penales, de por sí sobreocupados, sólo seguirán aumentado.

Tan sólo este mes hemos visto riñas en los Ceresos de Apodaca y Colima y el hallazgo del cadáver de un bebé en el de Puebla.

Un gobierno que llegó con la consigna de aplicar una amnistía –supuestamente para despresurizar las cárceles y buscar una readaptación social por otros medios– ha sido partícipe o, cuando menos, testigo inerte del incremento de casi mil personas por mes en el número neto de encarcelados.

Peor aún, el porcentaje de individuos que están en prisión sin sentencia ha pasado, en el mismo lapso, de 37.38% a 41.74 por ciento. En esos 22 meses, la población privada de la libertad procesada ha aumentado cinco veces más rápido que la sentenciada.

Mal augurio para un país deseoso de justicia, en el que, dice el Presidente, ya no se permite la impunidad.

BUSCAPIÉS

*Lourdes Maldonado, la periodista asesinada en Tijuana el domingo, le dijo a su abogado, Eduardo Pérez Castro, que había sido amenazada por el exgobernador Jaime Bonilla. Eso me contó ayer el litigante, en entrevista para Imagen Radio.

*El licenciado Pérez Castro agregó que después de lograr que se embargara la empresa PSN, propiedad de Bonilla, para garantizar un pago de 568 mil pesos a Maldonado, como parte de una liquidación por despido injustificado, supo que la empresa comunicó repentinamente a la Junta de Conciliación y Arbitraje que estaba dispuesta a pagar el adeudo completo.

*Dicho cambio de actitud, dos días antes del homicidio de la periodista, rompía con una cerrazón de nueve años para llegar a un acuerdo, relató Pérez Castro, quien dijo temer por su vida. “He pedido protección, pero no me la han brindado”, añadió el abogado. Y afirmó que le gustaría salir del país.

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