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* Tras los despojos de un PRI en ruinas, que en su Consejo Político Estatal solo cuenta con 127 miembros de los 800 antes acreditados, la Secretaría General del PRI, Carolina Viggiano, su esposo Rubén Moreira y el impresentable “Alito”, líder nacional del tricolor, buscan que los contados escaños y curules queden en sus manos para beneficio de sus allegados que como el ex gobernador, Francisco Olvera, están urgidos de fuero para no ir a parar a la cárcel por desvíos de fondos cometidos en el pasado; para la mafia que se pelea los despojos del antes partido oficial, su militancia y sus cada vez más escasos simpatizantes son un cero a la izquierda
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
A manera de referencia, en el penúltimo Consejo, se contaron 600 consejeros. Quedó establecido que las candidaturas se repartirán entre una «militancia» surgida de última hora, pero «palomeada» por el grupito en cuestión.
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Si bien el PRI está golpeado severamente en buena parte del país, difícilmente puede presentar las deplorables -y algo peor- condiciones en que se encuentra en Hidalgo, donde la desbandada le ha reducido a condición mínima, donde un reducido grupo hurga en los escombros para rescatar las pocas, pero jugosas, candidaturas para este año.
Como ese célebre personaje de Balzac, Carolina Viggiano, Rubén Moreira y Alito, ven en la quiebra total la oportunidad de obtener beneficios importantes: candidaturas a diputados federales y locales, senadurías y quizá algunos ayuntamientos de relativa importancia. No es poco, realmente.
Además de juego político, el pertenecer a una legislatura local o federal, no solo provee de fuero -algo importante- sino una posición clave para «la grilla» que viene. Y en el peor de los casos, que sería alguna acusación de malversación de fondos, tendría que pasar por un proceso de desafuero, algo siempre complicado y, por lo mismo, negociable.
Pero para lograr sus propósitos, el grupito en cuestión tiene un tanto cuesta arriba la tarea, porque el camino está sembrado de imponderables.
Porque el asunto, en el caso del estado de Hidalgo, pasa por una contradicción básica: el desmantelamiento final del otrora poderoso partido.
La premisa es clara: Las posiciones son pocas y a los jefes les tocan. (Parafraseando aquella frase de publicidad oficial que justificaba la escasa producción de leche).
Son pocas las candidaturas con expectativas de llegar, ya sea al Congreso Federal o estatal. Una vez seleccionadas las que ofrecen más posibilidades, el paso siguiente es taparles el paso a los aspirantes que no formen parte de la pequeña mafia que conforman Carolina Viggiano, su marido, Rubén Moreira y Alejandro Moreno Alito, a los que eventualmente podría unirse el ex gobernador Francisco Olvera, personaje que tiene, precisamente, muchos y pestilentes cadáveres en el clóset.
Así pues, el Plan Ranchero del grupo tiene como planteamiento inicial el marginar a los pocos cuadros operativos del PRI hidalguense que sobreviven y acomodar a sus incondicionales. Obviamente, no quieren sorpresas
El Plan Ranchero ha sido señalado, con precisión, como «vil traición» a los cuadros que por decenios sostuvieron al partido tricolor.
Pero hay números que nos dan una idea más o menos aproximada de la situación del PRI hidalguense: En tiempos del gobernador Omar Fayad, el Consejo Político Estatal del PRI llegó a sesionar con 800 consejeros acreditados. Y en la sesión más reciente, ese mismo Consejo solo reunió a 127 consejeros y con ese número se declaró quórum.
A manera de referencia, en el penúltimo Consejo, se contaron 600 consejeros. Quedó establecido que las candidaturas se repartirán entre una «militancia» surgida de última hora, pero «palomeada» por el grupito en cuestión.
LAS TRIBULACIONES DE PACO OLVERA
Dentro de este escenario, un personaje ronda las desoladas oficinas priistas: el ex gobernador Francisco Olvera, quien tiene pendientes por ahí por unos 7 mil 700 millones de pesos, en una primera revisión, que se le quedaron en sus cuentas personales al entregar la gubernatura.
Anda nervioso, agitado y urgido de un fuero, ya sea como senador -de preferencia, claro- o de perdis, diputado federal.
Pretende, según el caso, la «doble candidatura», es decir, la que se disputa la mayoría de votos por un distrito y si no se hace, se coloca al mismo tiempo en lugar «preferente» en la lista plurinominal. Así, se convierte en candidato «doble ancho».
Pero, por lo que hemos averiguado, Alito se niega a proporcionarle la «doble protección».
Porque -y Alito lo sopesa con cuidado- Olvera tiene pendientes gruesos: un adeudo de más de cinco mil millones de pesos con el ISSSTE, por parte del Instituto Hidalguense de Educación, de lo que ya ha tomado conocimiento la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Es un latrocinio con las cuotas y aportaciones con los seguros de retiro y cesantía por edad avanzada, durante los primeros cuatro años de Olvera en el gobierno y además, por retención indebida al SAT.
Estos fraudes implican, como es claro, costos sociales muy grandes, por lo que se le ha llegado a calificar de «La estafa perversa».
Un testigo clave de este caso es Pablo Pérez Martínez, ex Subsecretario de Administración y Finanzas, quien tiene sentencia de 20 años de prisión por un caso ligado al de Olvera. Este personaje, desde el penal de Pachuca, envió una carta a Alicia Castelazo, titular del combate de delitos por corrupción de la PGJEH, en donde señala a Olvera como «traidor» y autor intelectual de los fraudes cuantiosos antes señalados, para lo cual se ofrece como testigo de la fiscalía.
Añade que Olvera utilizó los fondos sustraídos para inversiones inmobiliarias, gasolinerías y depósitos en Suiza.
Así mismo, el MP constató que parte de lo robado se gastó en fiestas y «demás excesos sibaritas» (sic), pero la mayor parte fue a manos de Olvera.
Como puede colegirse, el ex gobernador Olvera tiene 7 mil 700 millones de razones para necesitar con urgencia un fuero.
Y por lo mismo, Alito Moreno juega con él al gato y al ratón.
Típico, pues.
