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Por Pascal Beltrán del Río / @beltrandelrio
Desde 2005, ningún Presidente de la República ha pronunciado el mensaje político de su informe anual desde la tribuna de la Cámara de Diputados. El último en hacerlo fue Vicente Fox. En 2006, él mismo fue impedido de entrar en el Salón de Sesiones de San Lázaro por legisladores del PRD –molestos con el resultado oficial de las elecciones presidenciales de ese año– y tuvo que contentarse con entregar el documento escrito de su último informe en el vestíbulo del Palacio Legislativo.
A partir de 2007, el informe ha consistido en la entrega por escrito de un documento que resume las actividades del gobierno en el año anterior y un acto en la que el Presidente lee un discurso ante una audiencia seleccionada.
La ceremonia del informe perdió una parte esencial de su condición de acto de rendición de cuentas. El contacto entre Poderes, que ocurre cada 1 de septiembre, se limita hoy en día a la entrega del documento por parte de un representante presidencial, que ha recaído en quien ocupa la Segob.
Este año hubo un cambio simbólico que vale la pena notar. Por primera vez en 15 años, el titular de Bucareli no se quedó en una zona de protocolo, sino que entró en el mismísimo salón de sesiones de San Lázaro para hacer entrega del documento. Y aunque no se concretó el discurso que algunos esperaban que el secretario Adán Augusto López Hernández pronunciara ante los legisladores, sí se dio el tiempo de intercambiar palabras con algunos representantes de la oposición.
La pregunta es obvia: ¿Será esa la tónica del resto del sexenio o es apenas una excepción generada por el espacio que se otorga a todo funcionario que acaba de tomar posesión de su cargo?
El paseíllo de López Hernández resultó un mensaje contradictorio por parte de un gobierno que ha sido fuente de abundantes descalificativos para la oposición, particularmente para sus legisladores. Puede ser ingenuo asumir que se ha dado, por parte de Palacio Nacional, un abrupto cambio de parecer sobre el papel que juegan los opositores, pero, en ocasiones, se impone la realpolitik.
El Presidente debe estar consciente que no es lo mismo gobernar con el respaldo de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados que con una mayoría simple, que incluso podría ser puesta en jaque si faltan a una sesión tan sólo 57 representantes del oficialismo y cuando los dos socios de la coalición de gobierno han dado muestras de independencia de criterio.
Por supuesto, siempre puede suceder que lo que hayamos visto el miércoles en el Palacio Legislativo sea un simple espejismo y pronto regresemos a la confrontación de siempre.
Desde luego, eso último tiene sus riesgos. Por ejemplo, apostar a que la Ley de Revocación del Mandato salga por mayoría simple, con la pregunta que se ha mandado desde Palacio –más cercana a una ratificación que a una revocación–, entraña el peligro de que la ley reglamentaria sea anulada por una acción de inconstitucionalidad, con lo cual se pondría en el peligro la realización de la consulta en marzo de 2022 o, al menos, se abriría la puerta a que sea regida por una serie de criterios definidos por el Instituto Nacional Electoral.
El gobierno tiene, hoy en día, una ventana para dialogar y negociar con la oposición. Sabremos pronto si aprovecha el espacio de interlocución creado con el cambio numérico en la Cámara de Diputados y el nombramiento de López Hernández o se mantendrá la confrontación que viene desde 2018.
BUSCAPIÉS
Después de 36 horas de silencio oficial sobre la renuncia del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, ayer mismo se confirmó en la conferencia mañanera. Su salida era un hecho –como lo adelanté oportunamente en Twitter desde las 19:06 del martes– y estaba claro que el Presidente daría cuenta de ella en el momento que creyera más conveniente. Así fue y hubo quienes buscaron desacreditar la información, aunque sin atreverse a desmentirla.
