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*Autonombrado defensor de todos los trabajadores de la CDMX, el presidente del SUTCDMX, se abstiene de contrariar al Jefe del Gobierno y al PRD, guardando silencio sobre figuras laborales como los trabajadores por contrato y nómina ocho, no contemplados en las leyes laborales y que permiten la violación a sus derechos elementales, otorgándoles, a cuenta gotas, la seguridad social
Por Carlos González Mérino(*)
Especial para Expediente Ultra
El autonombrado defensor de los derechos de todos los trabajadores de la Ciudad de México, Juan Ayala Rivero, ha terminado por sumarse a la lista de constituyentes simuladores, absteniéndose de denunciar en el órgano redactor de la nueva Constitución, al inframundo laboral que subsiste más allá de los dobles lenguajes políticos y la demagogia sindical, en perjuicio de los derechos elementales de miles de empleados al servicio del gobierno central.
El Presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX (SUTGCDMX), ha demostrado una franca inopia en su papel como diputado constituyente, acorde con su función de sumisión y vasallaje ante las autoridades capitalinas. Una prueba de las tantas existentes es la circular enviada a los directores, delegados y a toda la estructura administrativa indicándoles que los delegados de trabajo solamente serán nombrados siempre y cuando tengan un número de cien trabajadores; de no ser así, entonces no se podrá dar el nombramiento.
Tal intromisión demuestra cómo el gobierno tiene injerencia en la vida interna del sindicato y no hay nadie que la restrinja al no tener una parte opositora que simplemente no existe. Esta decisión emanada de un funcionario representa una violación total y absoluta al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo OIT) y al artículo 123 constitucional apartado B, en relación a la libertad de los trabajadores de asociarse. Estos ordenamientos establecen la autonomía de las organizaciones en relación a su régimen interno y la no intromisión, de manera categórica, de la autoridad a la vida interna del sindicato, pero sus dirigentes se han cruzado de brazos.
Eso es por un lado, pero por el otro el presidente del sindicato a voz en cuello pregona que es defensor de los derechos de TODOS los trabajadores de la CDMX y ya tuvo réplicas en la Cámara de Senadores cuando constituyentes de MORENA le hicieron notar toda la corrupción que hay en el Único, haciendo énfasis en la venta de plazas. El nivel a que ha llegado la corrupción es tal que en el mismo constituyente ha brotado de manera natural.
Resulta inaceptable que una persona que se dice defensor de todos los trabajadores de la CDMX, incluidos los que él representa como Presidente del SUTGCDMX, haya permitido la creación de aparentes figuras jurídicas como es el caso de la nómina ocho donde les prometieron a los trabajadores la estabilidad laboral e inmediatamente después los empezaron a despedir.
Además, el hecho de que se haya publicado en la Gaceta Oficial tal nómina lo único que puso en evidencia fue que tanto la parte patronal como la parte sindical violentan el marco jurídico pre existente como es el caso de Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que en su artículo quinto establece la naturaleza jurídica de las relaciones laborales y es exhaustiva en las modalidades de los nombramientos que pueden otorgarse, donde no está contemplada la nómina ocho.
Ni el sindicato ni la autoridad tienen competencia jurídica para legislar o crear otro tipo de figuras laborales que no fueran las que establece la ley; ésta nómina ocho se crea sin fundamento jurídico para tratar de cubrir los diez, quince años que tenían los trabajadores sin seguridad social ante gobiernos que se tildan de democráticos y de izquierda. Y un dirigente que adjudica la defensa de todos los trabajadores de la CDMX no tiene ni la capacidad para defender a sus propios agremiados.
Con la anuencia de Juan Ayala se han creado fuera de un contexto legal, figuras como la de honorarios que la Ley Burocrática la enuncia en su artículo ocho pero para excluirlos, porque esa figura es un contrato civil; más sin embargo, el gobierno la crea para no dar la seguridad social a los trabajadores que clasificó de esa forma. Y así como esta irregularidad tenemos a los de Código 70, los de Código C.F, a los eventuales, ordinarios, extraordinarios, a los autogenerados que por ejemplo administran los baños públicos en los mercados y que de lo que recaudan de los usuarios se les pagan sus salarios ínfimos que va de 800 a mil pesos al mes, y si bien no están dentro del sindicato, la organización ha permitido esto.
Analicemos a detalle y veamos cuál es la razón de esto: El motivo es que estos trabajadores que no tienen una estabilidad laboral sirven de esquiroles para dejar sin defensa a los trabajadores de base cuando estos pretenden luchar por sus derechos; resulta entonces que los trabajadores ya enunciados no dejan de laborar. Y estos ya suman casi el 50 por ciento de los empleados del gobierno capitalino de esta naturaleza. En consecuencia se esquirolean mutuamente. De los 110 mil sindicalizados hay otro porcentaje casi similar en esta situación.
Por si esto no bastara en las violaciones a las leyes existentes, este tipo de trabajadores son acosados, laboralmente hablando, porque se les ordena realizar actividades no relacionadas con el trabajo como proselitismo político a favor de un partido en días no laborables, sábados, domingos o días festivos. Y si acaso hay oposición de ellos, se les amenaza con no darles ya el contrato, violando además sus derechos humanos.
El problema se acrecienta para estos empleados porque si buscan una defensa, no la tienen porque esto se ha dado como un sistema de gobierno y se topan como el prejuiciado criterio de los tribunales de trabajo de estar en su contra y también la propia interpretación de la Suprema Corte de Justicia negativa para estos trabajadores. Aunque últimamente la seguridad social se les da a cuenta gotas, por diez y quince años no la tuvieron. Hay trabajadores que ya tienen más de una década de servicio y no se les reconoce esa antigüedad porque no estaban generando ningún derecho. Se ha sistematizado estar en contra de estos trabajadores y el que dice ser su defensor en la CDMX no abre la boca en el Constituyente para denunciar esta injusticia.
Es evidente que ante todo esto, el SUTCDMX se ha convertido en un ente ciego, sordo y mudo, porque su actual dirigencia sólo se ha avocado a defender los intereses de las autoridades por los compromisos políticos y personales de Juan Ayala Rivero, quién dice no sólo representar a 110 mil agremiados de base sino a todos los trabajadores de la ciudad. Chusca y demagógica posición que dentro y fuera del Constituyente provoca una franca hilaridad.
(*) Ex Vicepresidente del SUTCDMX, ex magistrado del TFCA, abogado laborista y miembro activo de su organización sindical.
