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Escrito por: Mario Luis Fuentes
Uno de los elementos ideológicos y culturales más relevantes en la formación de los Estados nacionales era el poderoso sentido de pertenencia y de arraigo en un territorio. La idea de la soberanía nacional aún ahora se fundamenta en una de sus aristas, precisamente en la capacidad de determinar lo que se hace o no se hace en determinados límites espaciales.
Frente a ello, el drama de la migración que se vive en diferentes regiones del mundo pone en tensión precisamente esa idea, en el sentido de que los Estados a los que originalmente pertenecen las personas, no tienen la capacidad de cumplir y hacer cumplir lo que marcan sus constituciones y sus marcos jurídicos, ante lo cual las personas deciden abandonarlo todo, y poner en riesgo sus vidas para buscar un mejor lugar dónde vivir.
La cuestión es de una gravedad mayor por todo lo que implica en términos políticos, económicos y culturales. Y ello obliga a pensar en el fenómeno de la migración del siglo XXI, el cual está siendo provocado por factores más allá de la pobreza: por un lado, la violencia, y por el otro los dramáticos efectos del cambio climático y la pérdida del capital natural de los territorios.
América Latina es, de acuerdo con los datos de la Organización de las Naciones Unidas, la región más violenta del mundo, si se mide por la tasa de homicidio intencional. En efecto, entre los diez países que no están en guerra y que tienen los peores indicadores en esta materia en el planeta, ocho son de nuestra región: Jamaica, Venezuela, Honduras, Bolivia, México, Belice, Brasil y El Salvador. Entre ellos, si se toman los de mayor número absoluto, incluido Colombia, que está entre los 20 de mayor tasa a nivel mundial, la suma de asesinatos en el 2021 es de al menos 133,500 víctimas de homicidio intencional.
Asimismo, la Organización Internacional de la migración estima que en Estados Unidos de América habitan ya alrededor de 50 millones de personas que han llegado en los últimos 30 años; de las cuales, al menos el 80% provienen de México y de países Latinoamericanos; pero además, los desplazamientos internos en ese mismo país, pero también en Canadá han crecido aceleradamente por el cambio climático pues se estima que al menos 1.5 millones de personas se movieron de sus lugares de residencia debido a los efectos de los incendios forestales. Lamentablemente no se tiene un registro así para nuestra región.
Adicionalmente, hay factores disruptivos que complejizan aún más esta situación, entre los que destacan al menos tres: en primer lugar, la política, pues a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América, el discursos racista y anti inmigrante cobró nuevo vigor en aquel país, dando como resultado enormes presiones al gobierno mexicano para cambiar su política migratoria y convertirnos, en los hechos, en un “tercer país de asilo” y en el muro de contención de los flujos de la migración del sur.
En segundo lugar, la emergencia sanitaria de la COVID19 que obligó, ante el desastre económico en la región, a que decenas de miles de personas decidieran dejar sus países de origen, incluido México, pues fue precisamente a raíz de esta emergencia, que una vez más se intensificó el flujo migratorio hacia aquel país.
En tercer término, está la violencia, con el añadido de la extendida presencia y capacidad operativa del crimen organizado, el cual se ha convertido en una auténtica amenaza contra las personas que emigran pues pueden ser víctimas tanto del robo, la extorsión, el secuestro o incluso del asesinato.
