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* El presidente del TSJCDMX pronunció un discurso en sesión pública del Pleno de Magistrados, en que se impuso la toga a siete nuevos integrantes y denunció que el sometimiento de la Judicatura socava su independencia, que es garantía para proteger derechos de los ciudadanos
Por BLAS A. BUENDÍA y ALFONSO MORA
Reportero y Reportero Gráfico
Especial para Expediente Ultra
Pese a las reformas que la Asamblea Constituyente estableciera en la Carta Magna para la Ciudad de México y que en sus preceptos cuenta con una serie de aspectos controversiales constitucionales, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital mexicana, doctor Édgar Elías Azar sentenció que hablando de patologías exógenas, éstas pueden afectar a los poderes judiciales.
Subrayó que el sometimiento de la judicatura a otro poder institucional o fáctico socava la independencia judicial, que es una de las más importantes garantías de las personas para proteger sus derechos fundamentales.
Si bien la Ciudad de México ya cuenta con una propia Constitución que beneficiará a los millones de sus habitantes, el jurisconsulto indicó, en sesión pública del Pleno de magistrados en la que se impuso la toga a siete nuevos integrantes, “la judicatura debe gobernar su propia vida, como lo confirma el ejemplo de los poderes judiciales de países desarrollados, y alertó que la ciudadanización de la justicia “nos llevará al aniquilamiento”.
Si bien el Pacto Federal aclara enfáticamente sobre la división de Poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el también político guerrerense aclaró que la cooperación con otros poderes no debe significar la entrega de su soberanía e independencia a entes políticos ajenos a los jueces.
Puntualizó: “Patologías endógenas como la corrupción, lenidad, lentitud, los obstáculos para su acceso y su denegación deben atenderse con eficacia y prontitud, tarea que le corresponde sólo a los jueces.
“Nadie debe tocar el árbol de la justicia más que la mano de los jueces”, aseveró el Doctor en Derecho Elías Azar, quien insistió sobre la delicadeza que deviene al caso con las patologías exógenas, “que son contra las que los poderes judiciales se deben defender”.
Refirió en específico al sometimiento de la Judicatura, y comentó que la división de las tres funciones del Estado moderno es presupuesto esencial para la erección del Estado liberal de derecho. Si ha de haber un país de leyes -dijo durante su discurso- se debe separar a quien crea la ley, a quien la aplica y a quien la interpreta y decide su contenido.
“Hoy es garantía constitucional nunca reunir en una sola persona o corporación dos o más de esas funciones”, planteó que, aun cuando no reveló el desenvolvimiento de las promociones que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene a revisión esta querella controversial que socava los conceptos del Constituyente del 17.
Ante sus pares, el magistrado les pidió reconocer que la justicia está en sus manos, y que ésta es una función que debe ejercerse con total independencia. La justicia –agregó- es, en fin, un valor social que aparece en los primeros sitios de la escala axiológica.
Para mantenerla así –consideró- debe siempre fortalecerse, pero jamás disminuirla y menos someterla.
Destacó que el TSJCDMX es una casa de cristal en todos los sentidos, la cual no requiere más que el compromiso y la responsabilidad independiente de sus jueces, y subrayó que a ésta no se le quiere ver manchada con falsos argumentos que a nadie ayudan y a todos perjudican.
Con la presencia del pleno de Consejeros de la Judicatura, el magistrado Édgar Elías Azar impuso las togas a los nuevos integrantes del pleno de magistrados: Yohana Ayala Villegas, Ernesto Herrera Tovar, Miguel Ángel Mesa Carrillo, Rubén Alberto García Cuevas, José Gómez González, Marco Antonio Velasco Arredondo y Carlos Vargas Martínez.
Por otra parte, durante la sesión se informó de la ratificación de 11 magistrados por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Celia Marín Sasaki, María de Lourdes Loredo Abdalá, Mónica Venegas Hernández, Rafael Guerra Álvarez, Irma Guadalupe García Mendoza, Edilia Rivera Bahena, Élfego Bautista Pardo, María Rosario Marenco Ortega, Martha Patricia Tarinda Azuara, Álvaro Augusto Pérez Juárez y Andrés Linares Carranza.
LOS NUEVOS MAGISTRADOS
Honorable Pleno; compañeros y amigos magistrados, compañeros consejeros de la Judicatura; familiares de los hoy homenajeados que recibimos en este Pleno, bienvenidos. Señores jueces. Y me dirijo también a los medios de comunicación.
La justicia es una función. Es una institución y un valor del Estado liberal. Debe ésta ser colocado, por cierto, muy alto en la tabla axiológica de toda comunidad humana.
Es la justicia un factor que nunca puede estar ausente en ninguna civilización.
Con la libertad, la democracia, la igualdad, el orden, la paz y el bien común, entre otros conceptos, que bien se pulen y trabajan desde la antigüedad clásica, informan del discurso más sobresaliente y más recurrido de las sociedades avanzadas.
No hay pensador ni hay poeta ni hay artista plástico, no hay un solo ser sensible en el planeta y en la historia, que no haya llevado en todos sus ideales, su filosofía, sus obras, sus impulsos y emociones, las pretensiones de justicia.
Es la justicia un anhelo perenne que se percibe y se siente, pero se debe y se puede imponer, pero también debemos reconocer que a veces es huidizo y volátil.
Es complejo llegar a construir un prototipo, un paradigma que se convierta en monumento universal, no es posible asirla o aprehenderla de manera completa y acabada.
Siempre hay puntos a perfeccionar, a corregir, a elevar siempre sus pliegues, y sus puntas son indomeñables, pues la justicia nunca deja contentos a todos, a uno por uno.
Es un valor universal, pero tiene sus parcelas y visiones, y, por supuesto, al partir o nacer del altercado y del conflicto de intereses que debe conmutarse por un personaje singular que es el juez, el juez que siempre debe contar con su versión propia versión.
Hoy tenemos el honor de felicitar a 11 magistrados por su ratificación, y de recibir a 7 nuevos miembros que por disposición de la Asamblea Legislativa de esta ciudad se integran el día de hoy a este Pleno solemne de magistrados.
A los 11 magistrados ratificados que hoy por hoy son magistrados por derecho propio, por razones de esfuerzo y reconocimiento social, por su alcance en los estándares más altos de justicia conmutativa, mi reconocimiento, nuestro reconocimiento, y mi más sincera felicitación, y yo diría nuestra sincera felicitación.
Para ustedes, nuevos integrantes de este cuerpo colegiado, les invito a sumarse con respeto y con plenitud de conciencia a ejercer la función de mayor responsabilidad social, que es, precisamente, la de juzgar.
ERNESTRO HERRERA TOVAR.- licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuanta con estudios de maestría en derecho en la Universidad Panamericana, y con la maestría en derecho constitucional y parlamentario por la UNAM. Es doctor en derecho por la Universidad Marista. En el ámbito docente ha destacado como catedrático en la UNAM, impartiendo las clases de derecho familiar y amparo en materia familiar, entre otras. Recibió la Medalla al Mérito Jurídico 2016, otorgado por el Colegio Mexicano de Abogados.
En el ámbito laboral se ha desempeñado como director jurídico de la Unión de Crédito de la Industria de la Construcción; ha sido asesor del grupo parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; secretario particular de la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría General de la República; director ejecutivo fiduciario en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, y director apoderado de Nacional Financiera. Dentro de sus cargos públicos destacan el de diputado local en la Asamblea Legislativa, e igualmente fue diputado federal.
MIGUEL ÁNGEL MESA CARRILLO.- licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en derecho electoral y doctorado en derechos humanos. En España obtuvo el certificado Diplomado de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con la investigación, El derecho constitucional al sufragio como un derecho humano de los ciudadanos de México y España. Es profesor en posgrado, y lo ha sido en la licenciatura y bachillerato. En el ámbito laboral se desempeñó como consejero ciudadano ante el Consejo Técnico Asesor y miembro del Consejo de Gobierno, ambos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
Fue integrante de la Comisión del Poder Judicial y de la Comisión de Alcaldías en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ha sido contralor general en el Instituto Electoral del Distrito Federal. En la Secretaría de la Función Pública fue director general adjunto. Trabajó en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública; director general fiduciario y director jurídico en la CONADE en la Secretaría de Educación Pública igualmente. Miembro titular del Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, y gerente administrativo de la Barra Colegio de Abogados, Asociación Civil.
RUBÉN ALBERTO GARCÍA CUEVAS.- Licenciado en derecho, egresado de la UNAM, maestro en derecho procesal penal y juicios orales por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal. Ostentó los cargos de jefe de la unidad departamental, subdirector y director de área en diversas fiscalías desconcentradas; director general de Estudios de Mejora en la Coordinación General de Planeación y Organización, todas dependientes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
En el Gobierno de la ciudad se desempeñó como director del reordenamiento del Comercio en la Vía Pública, en la Subsecretaría de Programas Delegacionales, y director de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Gobierno. Fue titular de la Dirección Jurídica y director general Jurídico de Regulación, ambos de la Secretaría de Movilidad.
YOHANA AYALA VILLEGAS.- Licenciada en derecho egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Apoderada legal del Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Ocupó el cargo de jefa de la unidad departamental técnica consultiva. Fungió como secretaria técnica de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea en la que participó en diversas reformas a diversos códigos.
Ostentó también los cargos de directora general Jurídica y de Gobierno, y el de directora general de Administración en la delegación Venustiano Carranza. En el año 2015 se desempeñó como jefa delegacional de la misma.
JOSÉ GÓMEZ GONZÁLEZ.- Licenciado en derecho por la UNAM, maestro en derecho procesal penal por parte del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Cuenta con cursos y diplomados en diversas materias destacando el derecho familiar, mercantil, procesal civil y procesal penal.
Se ha desempeñado como abogado litigante en diferentes bufetes jurídicos en los ramos civil, familiar, mercantil. Con práctica profesional en diversas entidades de la república mexicana, representando indistintamente a personas físicas y sociedades.
En el campo del servicio público fue visitador a nivel federal de bufetes jurídicos gratuitos. Fue director general del Registro Público de la Propiedad y más tarde designado consejero de la Judicatura de esta ciudad.
MARCO ANTONIO VELASCO ARREDONDO.- Licenciado en derecho por la UNAM, actualmente cursa la maestría en sistema acusatorio adversarial, juicios orales impartida por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ha recibido diversos cursos de actualización y diplomados en materia fiscal, familiar, mercantil, propiedad industrial y amparo Recibió el reconocimiento del ciudadano presidente de la República, por su participación en las jornadas sobre justicia cotidiana. Se ha desempeñado como abogado postulante en áreas del derecho penal, civil y amparo, con acreditación ante tribunales de justicia del fuero común y federal; así como en la Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Fue designado consejero de la Judicatura de la Ciudad de México.
CARLOS VARGAS MARTÍNEZ.- Nacido en la Ciudad de México, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, y también recibe por la misma universidad su título de contador público por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. En el ámbito académico curso un máster en sistemas penales comparados por la Universidad de Barcelona. Realizó diversos diplomados vinculados con la administración pública y temas de índole jurídicos, así como cursos de actualización en materia de amparo, derechos humanos y derecho constitucional.
Cuenta con 36 años de experiencia en el servicio público y privado. Ha desempeñado funciones jurídico administrativas en los últimos cinco años; aspectos de informática jurídica para transparentar la labor jurisdiccional. Ha tenido a bien desempeñarse igualmente como actuario judicial, secretario de acuerdos del Tribunal Fiscal; asesor del director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud.
En el Gobierno del estado de Guerrero estuvo a cargo de la dirección general de la Tesorería, así como de la subsecretaría e igualmente fue secretario de Finanzas de la entidad. En el Infonavit se desempeñó como oficial mayor de la institución. En el Consejo de la Judicatura tuvo a bien ocupar la secretaría de Administración, así como la Dirección General de Programación. Director jurídico, estrategias para las diversas empresas que representó. En el Tribunal se desempeñó como coordinador de asesores de la Presidencia, más tarde oficial mayor. Fue igualmente secretario de la Comisión Nacional de Tribunales de la República Mexicana donde desempeñó el cargo de tesorero.
ORDEN, ARMONÍA Y RESPETO
Señores Magistrados:
Quien hace justicia no espera el aplauso contundente; nosotros aquí los que juzgamos no aspiramos a la unanimidad; dar a cada quien lo suyo, necesariamente, lastima otro interés, que si no logró colmar las exigencias de la legalidad, eso no remueve lo genuino de su demanda.
Quien hace justicia liga y separa, une lo que es de alguien y separa su derecho de otros. Busca, finalmente, lo que tenemos que buscar todos los jueces: orden, armonía y respeto, y ese logro de la tríada es en realidad una exigencia mayor para quien juzga.
Hoy, como tal vez nunca antes, nos encontramos ante una encrucijada.
Confiar o no confiar; someter o no someter; politizar a la justicia o mantenerla lejana a esa terrible politización de esta función magnífica. No es cosa menor; no es cuestión de moda o estilo; es una decisión fundamental para cualquier nación.
Bajo ninguna circunstancia pueden los poderes judiciales, de ninguna parte del mundo, permitir la politización de la jurisdicción. Permitirlo es tanto como pervertir a la justicia, desdeñarla y entregar su soberanía a decisiones del partido político mayoritario.
Si hoy pretendemos hablar de derechos humanos, si hoy, como es cierto, somos jueces interamericanos, no podemos por estrecha que sea nuestra circunstancia de cooperación con otros poderes, entregar la soberanía y la independencia a entes políticos que no seamos otros, que nosotros los mismos jueces. La Judicatura debe gobernar su propia vida. El ejemplo de los poderes judiciales de los países desarrollados así lo confirma.
El tema de ciudadanizar la justicia nos llevará al aniquilamiento.
Esta casa es una casa de cristal en todos los sentidos; no requerimos más que el compromiso y la responsabilidad independiente de sus jueces; no la queremos ver manchada con falsos argumentos que a nadie ayudan y a todos perjudican.
La justicia, como obra humana, siempre es perfectible; siempre tiende, por vocación intrínseca a superarse, a alcanzar estadios mejores y confiables. Pero por esa misma razón puede pervertirse; la patología en la función de la justicia es conocida, es temida y nunca debe dejarse avanzar para mal de ella.
Esa patología puede consistir, desde luego, en la corrupción que combatimos con denuedo y la coparticipación de la sociedad, que en eso resulta imprescindible, y que nunca se nos debe olvidar que es a la que servimos. La lenidad, la lentitud, los obstáculos para su acceso, su denegación, son muestras claras de enfermedad que debe atenderse con eficacia y prontitud, y que solo nosotros somos los únicos capaces de resolverlo.
Digamos que ese catálogo de enfermedades comprende patologías endógenas, que vienen desde dentro y que ahí mismo deben sanar y subsanarse. Sacudir el árbol para quitar frutos podridos con nuestros medios de control y supervisión que deben ser los más eficientes; nadie debe tocar el árbol de la justicia, más que la mano de los jueces.
En una democracia como la nuestra, las críticas y las opiniones públicas son nuestras responsabilidades judiciales; esas críticas y opiniones públicas las debemos tomar en cuenta, y además todos debemos estimularlas. Pero existe una patología exógena; una que viene de fuera y atenta contra la vida saludable de cualquier Corte o Tribunal en el mundo, que es contra la que nos debemos de defender.
Me estoy refiriendo, precisamente, a un valor universal de la justicia: la auténtica, la cabal, la extendida, la comprendida y la ejercida independencia de la función jurisdiccional del Estado.
La patología es grave cuando se presenta; suele ser fatal. Es el sometimiento de la Judicatura a cualquier otro poder institucional o fáctico. Es la pérdida de la independencia judicial, que informa de una de las más importantes garantías de las personas para proteger sus derechos fundamentales.
Cuando se planteó durante el Siglo XVIII con mucho mayor fuerza el principio de división de poderes, conocida y reconocidamente por Montesquieu, quien estudia a los famosos empiristas británicos como Hobbes y Locke, y afrancesa la fórmula, reconoce los tres poderes clásicos que hasta estos días conocemos, que son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
Dividir esas tres funciones del Estado moderno es presupuesto esencial para la erección del estado liberal de derecho. Por supuesto que el Estado es uno, pero se divide para su acción en esas tres funciones, que resultan, entre ellas soberanas una de la otra, pero que integran un todo en el quehacer público y político.
En resumidas cuentas, si ha de hacerse un país de leyes, se trata de separar a quien crea la ley, a quien la aplica y a quien la interpreta desde su mismo contenido.
En las eras antiguas las tres funciones se reunieron en una persona: el monarca quien legisló, administró y dispensó justicia. Hoy es garantía constitucional el nunca reunir en una sola persona o corporación dos o más de esas funciones.
En estos tiempos los tribunales, cortes y juzgados del mundo están abiertos y ocupados para dirimir controversias que se generaron en el seno mismo del poder político o del poder económico. Se cuestionan decisiones; se generan controversias que se generaron en el seno mismo del poder político o del poder económico. Se cuestionan decisiones; se generan controversias entre agentes del poder o entre otros grupos sociales; y las minorías políticas cuentan hoy con vías jurídicas para impugnar decisiones mayoritarias. El principio de alteridad ya no se reduce a confrontaciones entre particulares y se presenta con ese fenómeno de la jurisdiccionalización de la política.
En sí, eso no es malo, no es una patología; al contrario, es saludable para las sociedades, pero puede esa práctica encerrar señales de una peligrosa y real pendiente resbaladiza: llegar precisamente a la politización de la jurisdicción, muy diferente que es a la jurisdiccionalización de la política.
Cuando en las sociedades se presentan tendencias para politizar a los jueces, para someter a la función jurisdiccional del poder político, cuando se pretende cancelar la independencia del Poder Judicial, delata debilidad de Estado mexicano y la periclitación de la república.
Ningún órgano judicial en el mundo admite algo así; quedar a la disposición y consigna del poder político. Ningún intento así sería permitido en nuestros escenarios de justicia.
Sepamos que la justicia está en nuestras manos; sepamos todos y cobremos conciencia que es una función que debe ejercerse con total y absoluta independencia; que es una institución que constituye un poder del Estado, y como tal se mantiene separado de los otros dos en bien de la salud pública del estado liberal de derecho y finalmente de la libertad.
La justicia es, en fin, un valor, un valor social que aparece en los primeros sitios de nuestra escala axiológica, y para mantenerla así debe fortalecerse, jamás disminuirse y menos someterse. La defensa de esto está en nuestras manos, todo por la independencia judicial del Poder Judicial, y nada, absolutamente nada, que atente en su contra. Muchas gracias.
