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Escrito por: Enrique Provencio D.
Si algo distingue los grandes proyectos nacionales contemporáneos en torno a la igualdad y el desarrollo, es la actitud y la disposición a realizar reformas hacendarias para tener un Estado capaz de financiar los bienes y servicios públicos para abatir la pobreza y reducir las desigualdades hasta niveles social y políticamente tolerables.
Hace apenas unos días Liz Truss, la nueva Primera Ministra inglesa, anunció una reducción de impuestos a los grupos de ingresos más altos, con la expectativa, que ya en otros momentos ha mostrado ser fallida, de que con eso se logre un mayor crecimiento económico y del empleo. La Señora Truss adelantó recortes del gasto social, aunque privilegiará el fortalecimiento del sistema de salud, y apuntó que “no es correcto analizar todo desde la óptica de la redistribución”
Posturas como esta se repiten en distintos países hoy mismo, aunque se trata de sociedades que tienen una fiscalidad notablemente más robusta que la de México, de hecho con niveles ingresos públicos que duplican a lo de nuestro país. La experiencia histórica es contundente al respecto: las épocas en las que se redujo aceleradamente la pobreza y se abatió la desigualdad estuvieron acompañadas de un fortalecimiento de las haciendas públicas, con lo que se alcanzó una notable redistribución medida después de impuestos.
Presentado ya el programa hacendario de México para 2023, no sorprendió que se anunciara que el panorama fiscal seguirá tal como está en la actualidad. Eso se esperaba, pues en repetidas ocasiones se pospusieron las adecuaciones tributarias para dotar al Gobierno Federal de más recursos que permitan invertir mejor en nueva infraestructura y en su mantenimiento, y en ampliar la capacidad estatal para financiar los servicios de acceso universal en educación, salud, protección social, medio ambiente, agua y en otros fines prioritarios.
En principio, todo mundo comparte el objetivo de abatir los niveles de pobreza y de reducir las desigualdades sociales, aunque, sigue existiendo una notable diferencia en las apreciaciones sobre la prioridad de la igualdad, como lo muestra el ejemplo de la Primera Ministra inglesa. Sin embargo, lo que hace la distinción son los mecanismos para que la reducción de la pobreza y de la desigualdad sea sostenida en el tiempo, se impulse la movilidad social de forma intergeneracional y a la vez se generen mecanismos de reproducción social del bienestar.
Todo esto requiere que la capacidad productiva de la sociedad se fortalezca para generar suficientes empleos dignos, bien pagados y con seguridad social, de tal modo que las compensaciones sociales y las transferencias directas coadyuven a que las personas y familias cuenten con medios crecientes para mejorar sus medios de vida. Además de las transferencias monetarias directas de los programas sociales, se requiere más crecimiento y más empleo, y sobre todo más acceso a los servicios públicos universales, que, por lo demás, constituyen un derecho humano inalienable.
Lo que tenemos ante nosotros, al menos para 2023 y seguramente 2024, es un esquema inercial en las finanzas públicas, en el crecimiento económico y la generación de empleos e ingresos, en los programas sociales. El 1º de septiembre, el mismo día en que el Presidente daba su discurso sobre el 4º Informe de Gobierno, el Banco de México dio a conocer que la expansión económica esperada para el resto de la década se restringe al dos por ciento anual, la misma que para el año entrante, y que esto solo alcanza para crear menos de 500 mil empleos, menos de la mitad de lo necesario https://bit.ly/3RAP0aX A estas alturas del año, y a pesar de que ya se recuperaron los niveles de puestos de trabajo formales de asegurados en el IMSS de antes de la pandemia, hay un faltante de más de un millón de empleos no creados entre 2019 y 2022, pues el crecimiento económico no ha dado para más.
Ese faltante de empleos se ha ido a la informalidad, con ingresos precarios, sin contratos ni seguridad social, y es ahí donde se encuentra la mayor parte de la población en condiciones de pobreza laboral, de acuerdo a lo que ha difundido el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Pasado el vendaval publicitario del 4º Informe, lo que terminó quedando es un incierto panorama par el quinto año de gobierno, algo así como la administración o la gestión de la precariedad del desarrollo.
