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* En las leyes que habrán de regir la vida de los habitantes de la capital del
país, los trabajadores deben luchar por el respeto a sus derechos humanos y
laborales, cerrando la puerta a prácticas intimidatorias como las que utiliza el
líder del Sindicato Único, Juan Ayala Rivero, en contra de agremiados y dirigentes seccionales
Por Carlos González Merino(*)
Especial para Expediente Ultra / Fotos especiales
La libertad sindical como parte del conjunto de los derechos humanos plasmado en los artículos primero y 16 de nuestra Constitución, y sustentados además en los tratados internacionales firmados por nuestro país y en las leyes en la materia, no podrá ser soslayada por los diputados constituyentes en la redacción de la Carta Magna que habrá de regir, a partir del 2018, la vida de los habitantes de la Ciudad de México.
La libertad sindical es un derecho fundamental de los trabajadores que les permite, como individuos, organizarse en la defensa de sus intereses comunes, por lo que de ningún modo representa una graciosa concesión ni de patrones ni gobiernos y, mucho menos, de líderes que en su supina ignorancia, intentan atropellar los fundamentos de este concepto que dan vida además a la negociación colectiva basada en la fuerza de la unidad gremial.
Este baluarte que costó siglos de lucha a la clase trabajadora no debe, por ello, ser utilizado como encubierto pretexto para salvaguardar los negocios personales de dirigencias espurias, surgidas bajo tutelas oficiales, que no representan los intereses de las bases.
Al representar un irrenunciable derecho humano y, por ende, un derecho laboral, la libertad sindical implica por ende la libre sindicación a que deben aspirar todos los trabajadores para constituirse en el sindicato de su preferencia, e incluso, no hacerlo ni pertenecer a agrupación alguna si así es su decisión personal. Nadie puede obligar a un trabajador a afiliarse o pertenecer a un sindicato en contra de su voluntad porque al hacerlo se estarían violentando tanto sus derechos humanos como sus garantías constitucionales.
Por eso, resulta una gracejada de pésimo gusto lo que en el caso particular del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, se emplea como recurso para coaccionar a los empleados sindicalizados para permanecer en la organización que encabeza Juan Ayala Rivero, al amenazarse con represalias a todo aquel trabajador que busque otra alternativa de representación gremial o, sencillamente, ya no desee estar afiliados a un organismo que no lucha por sus intereses.
Las amenazas de que serán despedidos por las autoridades o de que no tendrán acceso a las prestaciones que por ley les corresponden no tienen mayo sustento jurídico sobre todo si se considera que el derecho a la libre sindicación desde hace un buen tiempo anuló las temidas “cláusulas de exclusión”, mecanismos mediante los cuales el patrón podía despedir al trabajador o empleado de la organización sindical que sostenía las relaciones colectivas, si este era sancionado o reprimido por sus dirigentes. De hecho, este instrumento de sometimiento permitió la eternización en el cargo de muchos líderes que con podían anular cualquier disidencia y, peor aún, anular toda expresión de democracia interna.
Si más allá de las buenas intenciones y los conceptos teóricos los constituyentes pretenden realmente incluir los derechos de los trabajadores como un tema prioritario en una Constitución que debe ser progresista y respetuosa de las libertades y derechos humanos, no pueden pasar por alto el dotar a esta libertad sindical de los mecanismos que blinden la democracia interna de las organizaciones gremiales de la capital del país, a través de ordenamientos que garanticen el libre ejercicio del voto libre y secreto como instrumento irrenunciable para elegir a sus dirigentes sindicales.
Hay visos preocupantes del doble lenguaje que viene manejando desde hace tiempo el Presidente del Sindicato Único y hoy diputado constituyente por el menguado Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Ayala Rivero, en el sentido de tratar de dar una apariencia de convencido demócrata cuando al interior de su organización impone prácticas realmente intimidatorias y represivas que violentan los más elementales derechos humanos de sus dirigentes seccionales.
No es ningún secreto a voces que, por ejemplo, se ha vuelto práctica común el recoger los celulares de los líderes menores cuando son prácticamente secuestrados en autobuses para acudir a reuniones secretas donde ni siquiera se conoce la agenda de los temas a tratar. Tal parece que las abyecas prácticas del charrismo cetemista, que se creían ya superadas, renacen de manera absurda en un sindicato que debería ser ejemplo del nuevo arquetipo gremial en la Ciudad de México.
Con la “confiscación” de celulares, Ayala Rivero y sus “iluminados” asesores intentan evitar cualquier fuga de información que sea sustentada en pruebas de audio y video ante los medios, como ya ha ocurrido con anterioridad y que han puesto al descubierto las pretensiones por aniquilar los procesos democráticos para perpetuarse en el cargo. Y mientras por todos lados se habla de impulsar la transparencia no únicamente en el sector público sino privado, tal parece que en el sindicato mayoritario del gobierno capitalino la opacidad y las imposiciones bajo la mesa son el sello distintivo de una vergonzosa intolerancia, cuyo objetivo no es el mejorar las condiciones de los trabajadores sino preservar los intereses personales de un reducido séquito que pretende decidir por miles de agremiado, anulando su derecho a opinar y votar en libertad.
Desde aquí, por ello, lanzamos el reto a la dirigencia del Único y a las autoridades para que se entable una mesa de debate, de cara a los trabajadores de la Ciudad de México y a la ciudadanía en general, para que diversas voces y opiniones sean escuchadas con miras a construir los cimientos de una Constitución que reflejen el verdadero sentir de los miles y miles de empleados de las diversas dependencias locales.
No puede dejarse en manos de personajes ineptos e inconscientes una decisión que puede marcar la diferencia entre preservar los viejos vicios corporativos o plasmar en las nuevas leyes los mecanismos que permitan a los trabajadores acceder a modelos sindicales más representativos y democráticos que realmente luchen por sus intereses y un mejor nivel de vida para sus familias.
El voto libre y secreto es un derecho laboral y humano que debe cristalizarse como el único mecanismo de elección en los sindicatos de la CDMX, porque al fortalecerse la democracia interna de las organizaciones gremiales se estará abonando a la democracia plena a que debemos aspirar como sociedad.
(*) Ex Vicepresidente del Sindicato Único, ex Magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y miembro activo de su organización sindical.
