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Por Samuel Cantón Zetina/@SamuelCanton
Francisco Javier García Cabeza de Vaca no pudo evitar que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) lo echara ayer de cabeza con los diputados, y es un hecho -debe serlo- el juicio político que lo dejará sin fuero y a disposición de la Fiscalía General de la República para que responda por presuntos vínculos con el crimen organizado, lavado de dinero y evasión fiscal.
¿Por qué el gobernador de Tamaulipas no quería que Santiago Nieto divulgara en San Lázaro lo que la FGR sabe de él y sustenta la acusación en su contra?
Alegó, sin éxito, que se violaría el debido proceso porque era “información estrictamente reservada”.
La Fiscalía de Alejandro Gertz Manero sostiene que encabezaba una organización criminal para “lavar” dinero a través de contratos públicos entregados a sus socios.
El 23 de febrero, la dependencia presentó ante diputados solicitud de declaratoria de procedencia para quitarle fuero y proceder en su contra.
Ante la Comisión Instructora del recinto documentó su historial -103 páginas- desde antes de ser alcalde de Reynosa.
En 2016 -se puede leer-, Cabeza de Vaca declaró bienes por 50 millones de pesos.
Sin embargo, hoy le atribuyen una fortuna de 951 millones de pesos, ¡$900 millones más de lo que declaró hace apenas 5 años!
En ese lapso, según la autoridad, compró ranchos, residencias, galerías de arte, y su “caudal de bienes ocultos” importó $951 millones.
Las utilidades de sus (probables) actividades chuecas las dispersaba en cuentas bancarias de 7 familiares.
Y como en todos los demás casos de gobernadores encarcelados, prófugos, sentenciados o bajo proceso judicial, el partido político al que Cabeza de Vaca pertenece, el PAN, “metió las manos al fuego” por él.
Siempre son inocentes…
A juicio de Marko Cortés, dirigente nacional blanquiazul, se trata de “uso faccioso de la justicia, burda persecución política en periodo electoral, e intento de amedrentar voces opositoras y dañar la imagen del partido”.
Aunque aseguró que confía en que el político tamaulipeco aclare “todas y cada una de las calumnias que le quieren imputar”.
El bloque de gobernadores inocentes de señalamientos como malversación de fondos públicos y nexos con la delincuencia, es larga desde hace años.
En recuento de Joaquín López Dóriga del 2017, había 16 presos, procesados, prófugos o en problemas con la justicia.
Cinco estaban en prisión. Un poco más tarde fueron 7, con Tomás Yarrington y Javier Duarte.
La misma cantidad de mandatarios (16) era perseguida por la ley en 2020.
Unos salieron de la cárcel, otros ingresaron, algunos continúan a salto de mata, y los menos purgan condenas, con dos coincidencias infaltables en todos: son inocentes y ninguno ha devuelto ni un peso del dinero que presumiblemente sustrajeron ilegalmente.
El más reciente en caer -noviembre del año pasado- fue el ex de Nayarit, Roberto Sandoval, contra el que un juez federal de ese estado giró orden de aprehensión por peculado y ejercicio indebido de funciones.
Pasarela de finísimas personas.
Y DE MAÑANA…
AL FIN hubo orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien como dirigente del PRI en la CDMX operó -hace años- una red de prostitución desde su oficina pagada con la nómina del pobre tricolor. Van también por la colaboradora -la tenía como secretaria de Finanzas- que le reclutaba jovencitas con el señuelo de darles trabajo. A Gutiérrez, Rey de la Basura de la capital (o lo era), le “congelaron” además sus cuentas…***SIGUIENDO CON el detrás de los defraudadores de presupuestos, en este caso del peñismo, Rosario Robles irá a juicio al no arreglarse con la FGR, que le reclama la devolución de 5 mil millones de pesos por la Estafa Maestra, mientras Emilio Lozoya se resiste también a “cantar”, e insiste -de a gratis- en el criterio de oportunidad que lo salvaría de Odebrecht, al tiempo que ya no se supo en que paró el acuerdo inicial que el gobierno tenía con su socio en la transa con Agronitrogenados, Alonso Ancira, para reintegrar fondos que entre los dos robaron a PEMEX. Tampoco, por cierto, se sabe nada de la investigación sobre depósitos por $50 mil millones en Andorra de un grupo afín a EPN a través de su abogado Juan Collado. Uno que iba a devolver billetes, y a lo mejor se rajó…
