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Por Juan Carbajal/@JA_CARBAJAL
Los municipios en México contemplan de manera legal la concurrencia en materia de educación con los estados y la Federación, sin embargo, ante la ausencia de planteamientos claros respecto a la intervención en la materia se ha dejado de lado la actuación local y en muchos de los casos sólo se atiende en una mera ocurrencia de acciones esporádicas y sobre demanda.
La pandemia del COVID-19 sólo ha venido a exacerbar un cúmulo de deficiencias y faltantes que muestran el escaso o nulo trabajo en ciertas materias por parte de los gobiernos, y en materia de educación de todos los niveles los municipios se han quedado cortos, por decirlo de una manera, ya que nos encontramos lejos de implementar políticas públicas en la materia desde el gobierno local.
A pesar de que los municipios no cuentan con ideas claras en materia de intervención educativa, los padres de familia recurren a los alcaldes como primera autoridad para resolver problemas desde asignación de lugares hasta obras de infraestructura básica.
En cada informe de gobierno podemos encontrar construcciones de techumbres, aulas, baños, bardas y equipamientos, donaciones e incluso pagos de personal y servicios en favor de la educación, todos bajo una demanda social, pero sin un presupuesto claro, programado, de alcances y medible en los resultados como una política pública requiere.
Existen muchos rubros en los que cada gobierno municipal podría implementar acciones que permitan resultados palpables en el desarrollo de la población, sin embargo no se han tomado en serio y en el mejor de los casos, en los Ayuntamientos encontramos una oficina de apoyo a la educación; que apenas y funciona como una mera gestora y en algunos casos como organizadora de eventos como desfiles, eventos cívicos y por supuesto la comilona del día del maestro.
Las carencias son muchas, pero en esa misma proporción se abren las oportunidades para en un primer paso conocer la realidad social de la educación en los municipios.
Son las autoridades locales las que pueden tener el acercamiento para conocer la movilidad estudiantil, la infraestructura real existente, el nivel de equipamiento escolar, la accesibilidad a tecnologías de la información, la factibilidad de vinculación social e implementación de programas y esquemas innovadores de atención educativa.
El tema no sólo son los recursos económicos, es centrar la actuación de los gobiernos locales en verdaderos actores concurrentes con la Federación y especialmente con los estados para recuperar la función de desarrollo comunitario a partir de las instituciones educativas.
En las reformas a la Ley General de Educación del año 2019, se agregaron facultades a los ayuntamientos para su participación en la materia, llegando incluso a señalar la opción de poder señalar ajustes regionales a los programas educativos, así como en el fomento e intervención en acciones para mejorar el aprovechamiento escolar y disminuir los índices de deserción mediante la intervención directa en los consejos de participación social y su aplicación directa en la comunidad.
Las escuelas forman una parte medular de la construcción del tejido social, es aquí en donde confluyen los padres de familia, los niños y los jóvenes, los docentes y administrativos, todos en torno a la formación de una sociedad que no puede caer en el rezago o segregación.
Lo más interesante no es encontrar las ideas, implementar las políticas públicas o desarrollar los programas de acción específicos, lo realmente importante está en el cómo; en esa capacidad política de las autoridades para acercarse a su comunidad, escucharlos y a partir de ahí, promover lo que hemos olvidado.
