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SIN PAZ NO HABRÁ RECONCILIACIÓN

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Escribe: Mario Luis Fuentes. Síguelo en Twitter: @MarioLFuentes1

México tuvo en días recientes la visita oficial del Comité contra la Desaparición Forzada, de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.  Se trata de una de las agendas clave para la presente administración, pues es una de las más desatendidas en los gobiernos previos, en los que el fenómeno creció hasta llegar a cifras de auténtico terror. Es una agenda que evidencia que sin paz, no habrá auténtica reconciliación en el país.

En el informe presentado semestralmente por el Subsecretario Alejandro Encinas, con fecha del 7 de julio de 2021, se da cuenta de que, entre los meses de diciembre de 2018 y junio de 2021, se ha logrado la recuperación de 1,315 cuerpos de 624 fosas clandestinas, en los municipios con mayor número registrados en el país.

Los municipios con más fosas

Destaca que los municipios con mayor número de cuerpos recuperados se encuentran en cinco entidades de la República: Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Zapopan y San pedro Tlaquepaque en Jalisco; Tecomán en Colima; Mazatlán y Ahome en Sinaloa; Salvatierra y Acámbaro, en Guanajuato, y Puerto Peñasco en Sonora.

El informe oficial en la materia, tiene un registro de 220,330 personas desaparecidas y no localizadas para el periodo del 15 de marzo de 1964 al 30 de junio de 2021; de las cuales, 89,488 se encuentran en calidad de “desaparecidas y no localizadas”, y 130,842 localizadas, de ellas, 8,652 fueron localizadas sin vida, y 122,190 con vida.

Es de destacarse también que, de esas cifras, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio del 2021, se tiene un registro de 49,581 personas desaparecidas y no localizadas, es decir, un 22.5% del total registrado en los últimos 57 años. Esto quiere decir que de cada 100 personas en esa condición, casi 23 han desaparecido en lo que va de la presente administración.

Asimismo, de la cifra relativa a lo que va de este gobierno, habría 21,546 personas desaparecidas y no localizadas, lo que equivale al 24% del total nacional acumulado de forma histórica; es decir, prácticamente una de cada cuatro personas desaparecidas o no localizadas, son casos que han ocurrido en los últimos 30 meses para los que se dispone de información.

El informe del gobierno de la República destaca además que, del total de personas desaparecidas, el 24.7% son mujeres. Pero también hay cientos de niñas y niños que no han sido localizados, de los cuales, el 63% de los casos que se han reportado en siete entidades: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de México.

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Sin paz, México no puede ser un Estado social de derecho

Por su parte, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran una lenta reducción en el número de homicidios dolosos, y cifras mucho mejores en la disminución de otros delitos, sobre todo de tipo patrimonial; sin embargo, es preocupante el desplazamiento de la violencia hacia territorios que hasta hace uno o dos años no se encontraban entre los de mayores niveles, lo que sugiere un posible desplazamiento, o peor aún, una expansión de las actividades delincuenciales.

Así, Michoacán, Zacatecas y Sonora, están registrando indicadores de homicidio dolosos sumamente preocupantes, pues es sabido que la presencia de los grupos de crimen organizado implica un repunte en otras actividades delictivas de alto impacto, como el secuestro, la extorsión y precisamente, el de la desaparición forzada de personas, y la desaparición forzada entre particulares.

Hace aproximadamente un año, el presidente de la República pidió “un año más” para dar resultados significativos en seguridad; y sin minimizar los resultados en otros rubros, debe destacarse que además de la violencia homicida, la violencia sexual y la violencia en los hogares han tenido un crecimiento inaceptable, y que exige de muchas más acciones para garantizar la seguridad de mujeres, niñas y niños en todo el territorio nacional.

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Sin paz, el desarrollo se ve cuestionado

Lo anterior se presenta en el peor momento económico que ha tenido el país en décadas, debido a los efectos de la pandemia de la COVID19, pero también al propio diseño de las políticas económicas y sociales de la presente administración; un contexto en el cual 2021 cerrará con la inflación más alta en muchos años, la cual está impactando severamente a los ingresos de las personas en mayores condiciones de pobreza y precariedad laboral y salarial.

De esta forma, un crecimiento económico menor al de las proyecciones que se habían planteado al principio del año, una inflación muy alejada de la meta anual, una desprotección social en salud que no se reduce con la velocidad requerida, y una recuperación de los ingresos que no llega, agravan severamente las condiciones socioeconómicas en que vive la población nacional.

Por ello es la necesaria mesura en el análisis, tanto del gobierno como de sus críticos, porque lo que está en debate no es si los resultados de las políticas públicas contribuyen o no a fortalecer o disminuir la popularidad presidencial, sino si están contribuyendo al cumplimiento de los derechos humanos en los términos que nos lo exige nuestra Constitución Política.

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La política en un país sin paz

Así, al centrar el debate en torno a la operación de los programas públicos y su vinculación con la figura presidencial, se está diluyendo la posibilidad de poner en operación un proceso enriquecedor de diálogo y consenso, que lleve al país a un nuevo curso de desarrollo que permita auténticamente garantizar bienestar para todas y todos.

Debe insistirse en esa lógica, en que los programas de transferencias de ingreso siempre serán relevantes; pero que han mostrado a lo largo de su historia, ser solo paliativos, y en muchas ocasiones de carácter regresivo, ante la incapacidad de a economía de generar empleos dignos para la población en edad y condición de trabajar.

México debe avanzar entonces en los dos frentes: auténtico crecimiento con base en nuevos criterios distributivos y de sostenibilidad ambiental, y por el otro lado, un proceso de pacificación y reconciliación centrado en la garantía plena de los derechos humanos, y empático y solidario con las víctimas y sus familiares.

Investigador del PUED-UNAM

@MarioLFuentes1

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