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Los delitos laborales cometidos por Yoli Tellería contra Olayet Cabrera

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Tal para cual (Foto newshidalgo.com)

*  La cortina de humo por la que ha buscado evadir su responsabilidad laboral la alcaldesa panista, no le servirá de mucho si el viudo de la víctima sigue adelante con su demanda ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos; toda una cadena de corrupción y complicidades puede salir a flote

 

Por Antonio Ortigoza Vázquez / Fotos Red de Periodistas de Hidalgo, newshidalgo.com y Facebook

Especial de Expediente Ultra

Las secuelas del  asesinato de la empleada del Municipio de Pachuca, Olayet Cabrera Carranco, han colocado en una verdadera crisis política al gobierno municipal de la panista, Yoli Tellería, cuyos funcionarios se empeñan  en desviar la atención de  los verdaderos móviles del crimen para deslindar la responsabilidad legal que pesan contra la alcaldesa al  haber obligado a la hoy fallecida a enfrentar riesgos de trabajo ajenos a su función laboral.

En el desenlace posterior a los estudios forenses practicados por la procuraduría del estado que confirmaron la identidad de la mujer desaparecida desde el 29 de junio pasado cuando salió del ayuntamiento con una cantidad superior a los 300 mil pesos en efectivo para pagar a los empleados de la tesorería municipal, ha ido de un error político a otro: de inicio, la presidenta municipal se atrevió a cuestionar el  tiempo el empleado por los peritos y especialistas para afirmar  si el cadáver en avanzado estado de descomposición, hallado el pasado 18 de julio, en una ladera de la carretera federal Pachuca-Tempoal, a la altura de la comunidad de Acalmato, municipio de Metztitlán, era el de Olayet.

El dolor y la indignación por la indiferencia municipal

Ya con antelación, el ayuntamiento había interpuesto una demanda por la comisión de un probable robo; es decir que Tellería adelantó prejuiciados juicios de valor antes que avocarse a dar el paradero de una empleada cuyo único delito fue desempeñar una función de alto riesgo sin tener siquiera los beneficios del llamado programa “Dinero Seguro”, implementado por la ola de asaltos a cuentahabientes de bancos y que plantea  asignar escoltar a los ciudadanos. En la casa del herrero—se confirmó el apotegma—azadón de palo.

Eso sí, al criticar, a su juicio,  la ralentizada investigación de la procuraduría hidalguense, la alcaldesa no descartó que al caso se le buscara sacar “raja política”. Pero ni cómo zafarse del entuerto sobre todo cuando el titular de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de la capital hidalguense, Rafael Hernández Gutiérrez, se atrevió a declarar a un medio de comunicación que el asesinato de Olayet Cabrera  no es propiamente  un asunto de seguridad pública, sino “de responsabilidades laborales”.

De acuerdo a Hernández Gutiérrez, el origen del caso  se ubica en el compromiso de hacer las funciones que a cada persona le corresponde como servidor público, pues de acuerdo a su punto de vista fue cuando la trabajadora no tomó la ruta correspondiente cuando portaba la nómina para los sindicalizados y desapareció desde el pasado 29 de junio con la nómina municipal.

Desde la óptica nada menos que del responsable de brindar seguridad a los habitantes de la capital del estado, la culpa fue de la empleada por “no tomar la ruta correspondiente”; es decir, hacer mal su trabajo. Aunque sin querer, el despistado policía acabó remachando los clavos en la cruz de Yoli Tellería; o mejor dicho: le dio al clavo porque habrá que aclarar si dentro de las funciones de un puesto de auxiliar administrativo de la tesorería municipal  como el que desempeñaba Olayet Cabrera, se contempla por ley que deba poner en riesgo su integridad física y hasta su vida por el traslado de dinero. Función que en la generalidad de los casos de entidades públicas realizan empresas de traslado de valores.

Yolí Tellería debe muchas explicaciones a la sociedad pachuqueña y a los familiares de la empleada asesinada, pero también a las autoridades laborales al haber trasferido funciones de alto riesgo a una empleada menor que además, y como debe aclararse, puede ser víctima de un probable entramado para robar de manera fácil y rápida a las arcas municipales, involucrando a diversos funcionarios allegados al equipo cercano de la alcaldesa sobre los que pesa demás la presunción de haber cometido hostigamiento laboral sobre la hoy occisa.

La detenida Leticia Hernández, señalada como la mujer que salió acompañando del ayuntamiento a la víctima el 29 de junio en que desapareció, tiene mucho que aclarar y puede ser el hilo conductor que desenrede una madeja de un escándalo de corrupción y abusos laborales al interior de la Casa Rule, que llevó a funcionarios a presuponer incluso como trasfondo un asunto de violencia intrafamiliar cuando un afligido esposo no recibió desde el primer momento más que evasivas por parte de la gente de Yoli Tellería.

Sin duda, «conectado a su cerebro»

En un último intento por zafarse del clavo ardiente al que se encuentra asida  desde que se confirmó la muerte violenta de su ex empleada, Yoli Tellería y su esposo, Daniel Ludlow –a quien se le atribuye ser el poder tras el trono–, han tratado de culpar al líder sindical, Percy Espinosa, de ser el responsable del infausto acontecimiento.

Sin el menor recato a la inteligencia, han declarado a los medios y hasta en las redes sociales que el dirigente se negó, desde enero pasado, a aceptar el pago de los salarios de sus agremiados a través de las transferencias bancarias. Por cierto que esto rebota de nueva cuenta en la cancha laboral pues la munícipe panista quiere imponer a los trabajadores una forma de pago que tampoco está contemplada en la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo a la alcaldesa y su cónyuge esto habría evitado la muerte de Olayet, que el pasado 9 de agosto habría cumplido 41 años. Claro está, nadie les compra su paquete de sofismas y contra lo que piensan, tienen aún mucho que responder pues el esposo de la víctima interpuso una demanda ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que debe seguir su curso porque hay muchas preguntas que urgen  de respuestas apegadas a la realidad y no a la inútil tarea de encubrir una responsabilidad legal de Yoli Tellería.