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La ausencia de un auténtico Estado de derecho es el principal problema que enfrentamos como país. Ella nos lleva a la impunidad, que a su vez genera la inseguridad y la corrupción que padecemos. La falta de respeto a las normas ha provocado que en franjas importantes de nuestra geografía no gobiernen las autoridades sino los delincuentes.
Son ellos quienes cobran impuestos en la forma de extorsión, mismos que se convierten en la única llave para la seguridad en muchas localidades del país. Quien quiera operar un negocio, cobrar su sueldo o hasta vivir en paz tiene que caerle con el llamado derecho de piso.
El actual gobierno ha planteado que la única manera de tener seguridad será acabando con la pobreza en que están sumidos millones. Suena bien, en teoría, pero no existe evidencia de que la violencia criminal se explique únicamente por los bajos ingresos de un alto porcentaje de mexicanos. Ese enfoque deja fuera la necesidad de convencer a los habitantes de este país que el imperio de la ley, es decir, la certeza y aplicación de las reglas de convivencia social, es algo que a todos conviene.
En casi once meses de gobierno, no hay datos que puedan sustentar que alguien que delinque dejará de hacerlo por recibir un programa social. Y sí, en cambio, que los lugares más seguros son aquellos donde el respeto a la legalidad es parte de la cultura de la comunidad. ¿O de qué otra manera se explica que Yucatán tenga el noveno salario promedio más bajo del país, de acuerdo con el IMSS, y en cambio, sea uno de los estados más seguros de la República? Yo creo que tendría que empezar a verse las cosas exactamente al revés: para poder incrementar el ingreso de quienes menos tienen, necesitamos aumentar la seguridad.
De otro modo, si sigue avanzando la violencia criminal, se ahuyentarán las inversiones, bajarán los ingresos tributarios, habrá menos gasto en infraestructura, no se crearán los empleos que se requieren, se afectará la productividad de los que perciben un salario, lo cual se convertirá en inseguridad laboral y bajará el ingreso promedio.
Piense en lo que pasa en el transporte público. La extorsión merma sus ingresos, lo cual se convierte en una presión para que suban las tarifas; las unidades no reciben el mantenimiento necesario; choferes y pasajeros viajan con temor de ser asaltados; se comienzan a cancelar corridas y rutas… Todo esto afecta la productividad de las empresas, así como los ingresos y la salud de los usuarios. Quienes han logrado millonarias ganancias por la extorsión al transporte público, ¿cree usted que dejen su negocio ilícito por inscribirse en algún programa de ayuda ofrecido por el gobierno?
Lo sucedido en Culiacán la semana pasada es una muestra de qué tan lejos ha llegado el deterioro de la seguridad pública. El hecho de necesitar al Ejército para detener a un capo del narcotráfico y que ni eso resulte suficiente, tendría que mandar una señal de alarma para encontrar una estrategia que nos ayude a recuperar la vigencia de la ley.
El Estado no puede permitirse que la delincuencia organizada controle una ciudad, una región o una entidad federativa. Dejar que se asiente la impresión de que aquélla manda, no da “tranquilidad espiritual”, sino envía muchos mensajes perniciosos. Por un lado, alienta a otros a hacer exactamente lo mismo: a armarse por encima de la capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas, que son nuestra última barrera de defensa contra los criminales.
Por otro, hace que la población se pregunte por qué debe pagar impuestos –más aún en tiempos en que la autoridad hacendaria está buscando cerrar las lagunas que han aprovechado algunos contribuyentes— si el gobierno se muestra incapaz de brindar lo más básico que espera cualquier persona: poder salir tranquilamente de casa y regresar sin afectaciones a sus bienes y a su integridad física.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/pascal-beltran-del-rio/seguridad-ante-todo/1343069
