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Por Jorge Medellín / @JorgeMedellin95 / EstadoMayor.Mx
Integrantes de al menos seis sindicatos de transportistas dedicados a acarrear materiales de construcción acusan a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de presuntos actos de corrupción en las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y además demandaron pagos más elevados en las obras de la terminal aérea, de las que han quedado fuera desde que se canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) de Texcoco.
La SEDENA rechazó los señalamientos de los transportistas y dijo que han sostenido al menos seis reuniones con ellos en las que se acordaron detalles sobre los pagos y aseguró que han recurrido a diversas excusas para no generar las facturas de pago con tal de obtener ventajas para su gremio y de manera voluntaria decidieron no recibir sus pagos como medida de presión contra la dependencia.
Alrededor de dos mil transportistas y agremiados de la federación de Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTM) ocuparon el perímetro de la plancha del Zócalo capitalino para protestar por la exclusión que de ellos ha hecho la SEDENA en las obras del AIFA, además de asegurar que al interior de la Base Aérea Militar Número 1 (BAM-1) de Santa Lucía hay corrupción en la administración de los recursos para construir el nuevo aeropuerto.
En un extenso comunicado entregado en las puertas de Palacio Nacional y luego a funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Ortiz Granados, líder de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) –una de las seis que integran la federación–, le pide el presidente Andrés Manuel López Obrador intervenir para que se aclare la situación del gremio que representa ya que ha sido excluido por loa SEDENA y además enfrenta presuntos actos de corrupción y manipulación por parte de varios mandos militares.
El documento señala al Teniente Coronel Luis Calderón Fernández, al Teniente Coronel Jesús Cándido Abreu Callejas y al Mayor José Cruz Vargas Rangel, como los mandos que se habrían dedicado a entorpecer la incorporación de los transportistas a las obras de Santa Lucía.
En respuesta, la SEDENA negó lo señalado y explicó que se han llevado a cabo reuniones con los representantes de las agrupaciones de la Confederación de Sindicatos Unidos por la Transformación de México y transportistas locales, estableciéndose como punto de acuerdo que la Confederación trasladará dos terceras partes, mientras que las organizaciones locales una tercera parte de los materiales del predio de Texcoco a un depósito ubicado en el exterior del Campo Mil. No. 37-D, Santa Lucía, Estado de México, como estrategia para salvaguardar las instalaciones militares en donde se alojan unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, depósitos y almacenes y escuelas militares, que en su conjunto son consideradas de seguridad nacional.
La secretaría contestó los cuestionamientos y exigencias de los transportistas, pero no mencionó en su comunicado las acusaciones contra dos Tenientes Coroneles y un Mayor a quienes se señaló por obstruir la participación de los sindicalistas.
La SEDENA precisó que“los miembros de esta agrupación sindical, generaron diversas excusas para no generar las facturas para el pago de los acarreos y de manera voluntaria decidieron no recibir el pago por los servicios prestados, como medida de presión para favorecer sus intereses”.
Agrega que se ha mantenido un diálogo abierto durante las seis reuniones que se han llevado a cabo con la Confederación de Sindicatos Unidos de la Transformación de México, que se integra con las siguientes Organizaciones: Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Sindicato de Cementos, Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Organización Libertad, así como con transportistas locales, “con el fin de evitar cobros sobrevaluados que afecten el presupuesto de la obra y cumplir con las instrucciones de transparencia, optimización y ahorro en el manejo del patrimonio que pertenece al pueblo de México en la construcción del “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”.
En cuanto a los cuestionamientos sobre el precio del trabajo de acarreo realizado, la SEDENA indica que como punto de acuerdo y con base en Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público las tarifas a las que se sujetarán los acarreos, las cuales han sido verificadas por la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea y el Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, “y no pueden ser establecidas ni modificadas por terceros; siendo el libre mercado el que regule dichos precios de traslado”
Así, los precios y tarifas acordados por ley quedaron de la siguiente manera:
a) Cuando la distancia sea menor a 30 kilómetros, se considera una tarifa de $4.15 más I.V.A. por kilómetro por metro cúbico transportado.
b) Para las distancias mayores a 30 kilómetros, se considera una tarifa de $3.85 más I.V.A. por kilómetro por metro cúbico transportado.
Las anteriores tarifas, fueron obtenidas de un estudio de mercado, considerando los gastos que derivan de la operación de cada uno de los transportes a emplear, tales como: Seguro social de operadores, pago de seguros de los automotores, distancias de acarreo, combustibles empleados, pago de casetas en vías de comunicación, pago de sueldo de operadores y tiempos empleados para el ciclo de acarreo, añade la secretaria en su comunicado.
La otra versión
En el comunicado entregado en Palacio Nacional y a los medios de comunicación, los transportistas le recuerdan al presidente las reuniones que han sostenido con el general de brigada Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, director general de la obra del AIFA, esto para establecer los acuerdos que permitan la participación de todos los transportistas de la región.
Estado Mayor platicó en la plancha del Zócalo con varios transportistas, quienes aseguraron que desde la cancelación del NAIM en Texcoco no han tenido trabajo real, salvo algunas remociones de escombro y material pétreo hacia el exterior de Santa Lucia, no hacia el interior de la base aérea.
El acuerdo era que nos darían trabajo cuando se cancelara el aeropuerto de Texcoco, pero no hubo nada. La gente de la SEDENA no quiere saber nada ni tener nada qué ver con los sindicatos, por eso nos han traído con puras promesas y nunca resuelven nada en realidad, dijeron los transportistas quienes arribaron al Zócalo en horas de la madrugada del lunes 13 de enero.
En el comunicado del frente de Sindicatos Unidos por la Transformación de México, se señala que ha habido cuatro reuniones con la SEDENA y que la más reciente fue hace dos meses, el 13 de noviembre de 2019 precisamente en la BAM-1 de Santa Lucía. “Después de esta fecha, ya no tuvimos respuesta por parte de las autoridades de SEDENA, nos mantuvimos a la espera de ser incorporados a los trabajos de acarreo en Santa Lucía”, indica el texto.
Paralelamente, agrega, “ingresaron unidades particulares en demasía a la obra, provenientes de otras entidades del país”.
Estos transportes fueron reclutados por mandos de SEDENA, con tarifas bajas y condiciones impropias de trabajo, aseguran los transportistas, agregando que el 27 de noviembre “solicitamos de manera urgente una reunión con el General Ricardo Vallejo Suárez, se entregó un oficio en las instalaciones de Santa Lucía (anexó copia) para hacerle saber al general nuestras inconformidades”.
Finalmente, el 29 de noviembre tuvimos una respuesta por parte del General Ingeniero Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, nos hizo la invitación condicionada para reunirnos el 4 de diciembre y retomar las mesas de trabajo, siempre y cuando retiráramos nuestra manifestación pacífica, señala el comunicado.
En la cadena de eventos narrados por los transportistas, se menciona otro encuentro más con el general vallejo Suárez. Estas ocurrió el 4 de diciembre, en la BAM-1, con la presencia de autoridades del Gobierno de México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Auditoría Superior de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Guardia Nacional, entre otros.
Ahí se habría acordado coadyuvar con los ingenieros de la SEDENA lo antes posible, respetando “los porcentajes” de pago para ese tipo de obra. El 6 de diciembre hubo una reunión más, pero a esta ya no acudió el general vallejo. En su lugar se presentó el Teniente Coronel Luis Calderón Fernández; “con él se acordó iniciar los trabajos de acarreo, que originalmente estaba prevista para el 11 de diciembre, pero por motivos de la festividad del día 12 (día de la Virgen) se trasladó el inicio hasta el día 16”.
Lo único pendiente sería revisar las tarifas de acarreo y tener la participación en los trabajos al interior de la obra, señala el texto. Se acordó que habría otro encuentro con el general y sus colaboradores. Esta nunca ocurrió.
Han pasado más de tres semanas en las que se ha trabajado acarreando material desde Texcoco hacia Santa Lucía sin permiso para ingresar a la base, dejando piedras, tezontle, en terrenos aledaños a la base aérea y con tarifas mucho más bajas que las que se les pagan a los otros transportistas de diversos estados, se quejan los agremiados de la CTC.
En este contexto, los transportistas le reclaman al presidente Obrador que quienes se dedican a esta actividad en las regiones aledañas a Santa Lucia “estamos siendo desplazados, esto debido a los actos de corrupción por parte de algunos mandos (Tte. Cor. Luis Calderón Fernández, Tte. Cor. Jesús Cándido Abreu Callejas, Mayor José Cruz Vargas Rangel) que están al frente de las diversas zonas de trabajo”.
Esta historia de manipulación rapaz ya la conocemos, son los mismos mandos operarios en la construcción de la pista número seis de obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), hoy cancelado, añaden los transportistas de la CTC.
“Usted dio las órdenes para que se empleara a las personas de las diferentes comunidades de Zumpango, Tecámac, Tonanitla, Nextlalpan, Temascalapa, Tizayuca, por mencionar solo algunas. Esto no está ocurriendo, en el interior de la Base Aérea están trabajando transportistas pertenecientes a otras entidades del país”, le recuerdan al mandatario.
La queja va más ala y señala que “las unidades que están al interior de la obra están contratadas por renta; es muy importante que se soliciten los contratos y se revise a qué empresas se les está pagando el arrendamiento. Las unidades internas no pertenecen a la Federación de Sindicatos Unidos; los Sindicatos Locales solo tienen 30 unidades de las 400 que están trabajando”, advierte el comunicado.
Luego se refiere a las tarifas que se están pagando a los transportistas no afiliados a los sindicatos. “La tarifa que actualmente se oferta por parte de la SEDENA es de $3.85 pesos por kilómetro, cuando por trabajos similares, por poner un ejemplo en el estado de Puebla, se está pagando la tarifa de $8.00 pesos kilómetro de arranque y $6.00 pesos por kilómetro subsecuente”. Para acreditarlo los transportistas entregaron facturas de dichos movimientos de obra.
Aunado a lo anterior, señalan, “solo nos quieren pagar 31 kilómetros del recorrido de Texcoco NAICM (punto de carga) a Santa Lucía (punto de tiro), cuando el regreso implica recorrer 47 kilómetros, teniendo un excedente de 16 kilómetros”.
En el trayecto total tenemos que solventar cinco peajes, $442.00 pesos para la unidad tipo góndola y $350.00 pesos en tipo Torton (se anexa tabla de peajes), si realizamos la conversión del peaje a metro cúbicos nuestro impacto es de $20.00 pesos por M3, agregan los transportistas de la CTC.
Este gasto implica un severo golpe al bolsillo del trabajador. La manera correcta es: recorrer 31 kilómetros de ida y 31 kilómetros de vuelta; sin embargo, tenemos 16 kilómetros de más en el regreso que SEDENA no está considerando, aseguran.
Al final, le piden al presidente López Obrador “instruir al general Secretario de la SEDENA tome conocimiento y de solución a la problemática planteada y de la misma forma nos apoye con la creación de un órgano de control y supervisión el cual sugerimos respetuosamente sea formado por personal de la función pública de la fiscalía general de la república y la entidad civil que usted tenga a bien nombrar para efecto de que en lo sucesivo se cumplan cabalmente la instrucciones que usted gire y los acuerdos que tomemos en este ámbito”.
Los transportistas se retiraron del Zócalo poco antes de dos de la tarde. Este miércoles 15 de enero serán recibidos en la Secretaría de Gobernación para continuar revisando los mecanismos de su participación y para saber si hay elementos que permitan abrir una investigación contra los militares señalados.
