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La política de movilidad y modernización del transporte público en la Ciudad de México puesta en marcha desde el gobierno de Marcelo Ebrard y ampliada por Miguel Ángel Mancera, está reviviendo a un “pulpo camionero” que fue extinguido hace más de tres décadas, ahora encabezado por Jesús Padilla Zenteno, quien en contubernio con funcionarios del gobierno capitalino, busca despojar de sus concesiones a cientos de permisionarios de todas las rutas y ramales que recorren el D.F., para constituir, a espaldas de un mal informado Jefe de Gobierno, un gigantesco y multimillonario monopolio.
La historia del monumental atropello, cobijado a la sombra del poder, ha dejado indelebles huellas no únicamente en las diversas instancias judiciales y tribunales; además, ha sido la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el organismo que tras realizar un amplio análisis de la situación de ilegalidad tejida en torno a la estrategia de pillaje fraguada por Padilla Zenteno, dirigente de Movilidad de Vanguardia –uno de los muchos tentáculos del “modernizado” pulpo que ya agrupa a 56 rutas, dos corredores y dos empresas concesionarias del Metrobús–, emitió el 22 de junio del 2012 la recomendación 8/2012, instando al gobierno capitalino a resarcir el daño patrimonial y económico ocasionado a los socios de la empresa CIPESA, por parte de COPESA, una de sus tantas filiales de Padilla, a través de la cual y en contubernio con funcionarios corruptos, ha operado el funcionamiento ilegal de unidades pirata, manejando de forma discrecional millonarios recursos públicos provenientes del Fondo de Chatarrización, que prefiguran un claro delito de fraude.
Situación parecida enfrentan los socios de AMOPSA, quienes fueron relegados de los beneficios de dicho fondo, debiendo tramitar créditos con instituciones bancarias para adquirir sus nuevas unidades, de tal modo que las autoridades capitalinas han permitido que gente ajena al padrón autorizado, pero incondicionales a Padilla Zenteno, se beneficie con estos recursos; además, han tolerado el funcionamiento y la proliferación de unidades piratas, lo que tiene a AMOPSA al borde de la quiebra.
Como un ejemplo más de que la impunidad y la corrupción fueron el sello distintivo de la pasada administración defeña, no sólo el entonces titular de las Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI), Armando Quintero, sino el propio Jefe de Gobierno, se negaron a aceptar la recomendación que en su contenido explicaba a pie juntillas las irregularidades que se cometían desde las esferas del poder central y, además, exhibía los daños sociales y económicos causados a cientos de familias por la desmedida ambición del líder de Movilidad de Vanguardia y sus protectores oficiales. La mayoría de los permisionarios, en pie de lucha, son gente de avanzada edad, que durante toda su vida trabajaron para apostarle a un retiro tranquilo con los ingresos que les reportaran sus unidades. Ahora, por la estrategia de despojo de los impulsores del nuevo monopolio, su patrimonio familiar está en riesgo.
Todo apunta a que la nueva generación de funcionarios, olvidaron los nefastos daños que ocasionó a la movilidad de la ciudad el haber permitido el fortalecimiento de un monopolio del transporte que por sus excesos y acumulado poder fue exterminado a principios de los años 80s. La entonces Alianza Camionera de México, controlada por Isidoro Rodríguez y Rubén Figueroa, que tuvo en sus manos y control absoluto a 86 empresas, resulta a la distancia un negocio menor comparado con el gigantesco pulpo que extiende sus tentáculos a todo lo largo y ancho de la capital del país.
De no frenar la cadena de atropellos del también presidente de la Asociación Mexicana del Transporte y la Movilidad (AMTM), Jesús Padilla se convertirá en el nuevo zar de transporte en el Distrito Federal, con poderes absolutos para burlar las leyes a su conveniencia, aún cuando diversos permisionarios afectados, le adjudican el papel de prestanombres de políticos de primer nivel que estarían detrás de la ruta de los atropellos a los permisionarios, no descartando al propio ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, ahora en la picota por la Línea 12 del Metro.
FUNCIONARIOS Y EL DEJAR HACER, DEJAR PASAR…
Con sendos cartapacios que hablan de la extenuante lucha legal que vienen sosteniendo desde hace años en la defensa del patrimonio de sus familias y de sus fuentes de trabajo, representantes de diversas empresas que libran una desigual lucha contra el pulpo en expansión, narran en detalle a Expediente Ultra, el vía crucis que llevan a cuestas, sobre todo por el contubernio pactado entre Padilla Zenteno y funcionarios del GDF que desinforman al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien de buena fe, acude a avalar los tinglados que le montan sus subalternos para abanderar a las empresas agrupadas en el grupo de Movilidad de Vanguardia, como el banderazo simbólico que dio en octubre pasado a la empresa ATROLSA –del clan Padilla–, en el patio del Ayuntamiento, bajo el aparente símbolo de eficiencia y modernidad, entrando en funciones en el ramal de Chapultepec a Palmas, ocultándole a Mancera, la segregación de 36 permisionarios a los que Padilla ha buscando eliminar a toda costa, acusándolos de “piratas”, a pesar de tener sus concesiones en regla y el reconocimiento tácito de las autoridades.
Los denunciantes conocen a la perfección el mecanismo encubridor con que funcionarios como el Secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, así como el Director de Gobierno, Carlos Meneses, quien junto con Rufino H. León, director de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), antes SETRAVI, les han señalado que “la administración pasada los dejó mal establecidos”, extendiendo la promesa vana de que “los vamos a arreglar”.
Un claro ejemplo de estos hechos es la problemática del corredor Periférico Oriente donde los socios de AMOPSA han peticionado la solución a su problema de invasión de rutas (con 54 unidades piratas), mediante infinidad de escritos que se han dirigido en atención personal de Miguel Ángel Mancera, pero su destino final ha quedado a medio camino por la salvaguarda de los intereses creados y de los cuales, a decir de los afectados, obtienen jugosos beneficios los servidores públicos de alto rango.
Por ejemplo, seguramente el Jefe de Gobierno nada sabe del resultado final que tuvo la petición enviada el 24 de octubre del 2013 a Héctor Serrano, por el Coordinador General de Atención Ciudadana, Antonio Rodríguez, donde le señala que por instrucciones del propio Mancera, debe recibir, atender y dar seguimiento a la demanda ciudadana ante las dependencias de la administración pública del D.F, sobre la petición de justicia de los permisionarios afectados.
Como sucedió un año antes con la recomendación de la CDHDF, los funcionarios olímpicamente ignoraron la petición de su Jefe Superior, máxima autoridad del gobierno capitalino. Imposible que el Secretario de Gobierno finja demencia o desconocimiento del asunto, cuando en la administración pasada fungió en los cargos de Subsecretario y Secretario de Gobierno con Marcelo Ebrard. Por las manos de Serrano Cortés, no sólo pasaron asuntos como el conflicto de las rutas y corredores del transporte capitalino, sino también las oscuras licitaciones y acuerdos de la Línea 12 del Metro y de las cuales ahora guarda el más absoluto silencio.
Hace unos dias, las huestes de Jesús Padilla Zenteno arribaron con sus unidades a las puertas del Senado de la República sin que una sola autoridad los molestara, situación contraria a la que, dicen, enfrentan sus opositores quienes han sido cercados en diversas manifestaciones, por centenares de granaderos. “Que nos expliquen los funcionarios como Serrano, por qué ese trato especial a la gente de Padilla”.
DE SENADOR “COYOTE”, A SENADOR INCÓMODO
En la Cámara Alta, Padilla Zenteno, la cabeza del nuevo pulpo camionero, acusó de “inmiscuirse en los asuntos del Distrito Federal” al senador del PRD por Hidalgo, Isidro Pedraza, e incluso, lo calificó de “coyotear” con el conflicto del autotransporte capitalino. Los afectados, dan su versión al respecto. “Buscamos ayuda en el Senado porque no encontramos apoyo de los asambleístas. A Claudia Cortés, Presidenta de la Comisión de Movilidad de la ALDF, le entregamos un informe pormenorizado de los hechos, pero nunca hizo nada; lo mismo ocurrió con Claudia Ballesteros que incluso presentó una Ley sobre Movilidad”. Citan además a Rubén Escamilla Salinas, el tristemente célebre ex delegado de Tláhuac, famoso por el escándalo sexual que protagonizó estando en dicho cargo y que como asambleísta tampoco quiso mover un dedo a favor de los permisionarios afectados.
Comentan por ello: “El senador Pedraza, tras conocer todo lo que hay detrás de nuestro problema nos ofreció su apoyo como representante popular y eso incomodó a Padilla y sus socios y protectores, porque Isidro Pedraza no tiene intereses personales ni compromisos como ocurre con los asambleístas y muchos altos funcionarios. Eso los tiene muy preocupados, de que se destape todo lo que hay detrás de las agresiones en contra de los compañeros de las diversas rutas y los manejos ilegales, por varios cientos de millones de pesos, que han hecho del Fondo de Chatarrización en las empresas controladas por Padilla, a las que se les ha permitido manejar los recursos en cuentas privadas, burlando a la ley”.
Y en efecto, a los coaligados en el fraude a los recursos públicos de la ciudad, no les conviene que la opinión pública sepa qué se cocina tras la extensa cadena de atropellos a los permisionarios que se niegan a replegarse a los dictados fascistas de Padilla en defensa del patrimonio de sus familias; por ello, los altos funcionarios se negaron a acatar la recomendación de la CDHDF que en uno de sus puntos establecía claramente:
“Esta Comisión estima que a efecto de reparar la violación de los derechos humanos de las personas agraviadas, la SETRAVI, debe: a).- Inhibirse en la práctica de cualquier conducta, por acción u omisión, que impida a las personas agraviadas prestar el servicio de transporte en la ruta concesionada, así como toda aquella práctica, declaración o manifestación pública que implique una “criminalización de los reclamos” de las personas agraviadas; b).- Se emita un reconocimiento de la violación de los derechos humanos y se ofrezca una disculpa pública, a fin de re dignificar el nombre de las personas agraviadas y, c).- Se dé la intervención que corresponda al órgano interno de control en la SETRAVI, para que se inicie el procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos responsables de las irregularidades administrativas detectadas en el curso de la investigación, particularmente relativas a la asignación de recursos a COPESA, que debieron ser destinados a las personas agraviadas”.
La situación que ahora priva en la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), es una réplica exacta de lo que aconteció en el gobierno de Marcelo Ebrard con SETRAVI. De hecho, comentan los afectados, Rufino H. León, a quien Padilla y sus socios acusan de estar en contubernio con el senador Pedraza, se encuentra atado de pies y manos al grado de que funcionarios de esa dependencia, como es el caso de la Directora de Transporte, Verónica Ginón Pinto, que han debido resolver conflictos como el que sostiene ATROLSA con 36 permisionarios a los que intenta aniquilar, sólo observan, cual convidados de palo, las propuestas leoninas hechas por Padilla para, a su decir, finiquitar el conflicto.
Algunas de sus exigencias a los disidentes, en abierta violación no sólo a sus derechos humanos sino a sus mínimos derechos constitucionales, son: 1.- Aceptar una penalización mediante el pago de 200 mil pesos por cada una de las 36 unidades; 2.- Estar de acuerdo en recibir un 30 por ciento menos de ingresos de los que perciben los incondicionales a Padilla y, 3.- Ser incluidos como socios, pero sin derecho a voz ni voto.
Como ya se señaló, otras empresas como AMOPSA, enfrentan una franca quiebra financiera pues las autoridades capitalinas han permitido operar en su ruta a verdaderas unidades piratas, bajo la férula de Padilla, lo que les ha ocasionado endeudamientos, corroborados tanto por organismos como Nacional Financiera como por funcionarios del gobierno central, por casi cien millones de pesos.
Aquí también queda de manifiesto la intención persecutoria en su contra por parte de la Secretaría de Finanzas del GDF, cuyos funcionarios conscientes de las causas de su quebranto económico, lejos apoyar a sus socios, les han realizado auditorías, invocando falta de pagos de impuestos locales, como lo demuestran las pruebas entregadas a este medio de información. De esa dimensión es la estrategia para allanar el camino al nuevo pulpo camionero.
Esto explica el por qué otros cientos más de afectados, están por perderlo todo, o mejor dicho, están siendo obligados a venderle a Padilla, a precio de ganga, orillados por la necesidad y ante la complacencia de los funcionarios capitalinos, que cuando mueven un dedo es para apoyar y fortalecer a este personaje que busca el control absoluto del transporte capitalino.
Aunque, al decir de los valientes permisionarios, la historia apenas comienza a escribirse y todo depende de que en el Senado se abran los caminos que exijan a los corruptos funcionarios del GDF, el esclarecimiento sobre el manejo de recursos públicos, como el Fondo de Chatarrización, y las razones por las que desde la administración de Ebrard, se ha permitido la violación sistemática de los derechos de cientos de afectados a favor de Padilla Zenteno, cabeza del naciente monopolio, y para quien el senador Isidro Pedraza, más que un senador “coyote”, resulta ser un senador incómodo.
